Un terremoto político sacude las estructuras de seguridad del Estado luego de que Paulo Contreras presentara su renuncia como jefe de la División de Contrainteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). La salida fue confirmada por una alta fuente del Ministerio del Interior, gatillada directamente por la publicación de una investigación del medio Reportea, la cual reveló chats que demuestran que, siendo alto oficial de la PDI, Contreras entregaba antecedentes reservados al abogado Luis Hermosilla.
Según consignó el medio nacional El Mostrador, la fulminante dimisión se materializó apenas horas después del reportaje que expuso mensajes de WhatsApp respaldados por un informe de más de 470 páginas, detallando una estrecha relación sostenida entre ambos entre los años 2018 y 2023. Según los antecedentes, Contreras compartió con Hermosilla información migratoria de Daniel Jadue, datos sobre los ascensos de los generales de Carabineros Mario Rozas y Marcelo Araya, y coordinaciones secretas para blindar al entonces director de la PDI, Héctor Espinosa.
PARLAMENTARIOS EXIGEN EXPLICACIONES AL GOBIERNO
Antes de confirmarse la salida del ex-prefecto general —quien acumuló 34 años de carrera en la PDI y había sido nombrado en la ANI en marzo pasado por el presidente José Antonio Kast—, el mundo político reaccionó con dureza. La senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri (PS) acudieron a la Fiscalía Nacional para estampar una denuncia formal por eventuales delitos de violación de secretos, cohecho y soborno.
La acción judicial busca que el Ministerio Público determine el alcance de la filtración de reportes de inteligencia y movimientos de figuras públicas. Sobre la gravedad del nombramiento y la urgencia de la remoción, Daniel Manouchehri, diputado y querellante del Caso Audio, fustigó que «este señor fue nombrado en marzo por el gobierno de Kast para dirigir la contrainteligencia de Chile. Por eso presentamos esta denuncia y por eso exigimos su salida inmediata: no puede seguir un día más en ese cargo mientras esto no se aclare».
El parlamentario oficialista fue más allá y apuntó directamente a los criterios de selección del Ejecutivo para puestos tan estratégicos del Estado. En esa misma línea, Daniel Manouchehri, diputado y querellante del Caso Audio, cuestionó que «el gobierno tiene que responder una pregunta muy simple: ¿sabía o no sabía? Si no sabía, es una negligencia gravísima en el cargo más sensible del Estado. Y si sabía, es mucho peor. Primero Zaliasnik de embajador, ahora esto. ¿Cuánta gente más de la red Hermosilla está trabajando en el gobierno?».
Finalmente, los legisladores confirmaron que oficiarán a la ANI y al Ministerio de Seguridad para exigir que se transparenten todos los procesos de verificación que se aplicaron al momento de designar a Contreras en el sensible cargo. Cabe precisar que, hasta el momento del cierre de la investigación periodística, ni el renunciado jefe de Contrainteligencia ni la ANI quisieron entregar una versión oficial respecto a los graves chats expuestos.
