La Comisión Mixta encargada de tramitar la nueva Ley de Inteligencia inició esta semana la fase decisiva de su votación en particular, con el objetivo de despachar el proyecto antes de que finalice enero. Tras seis meses de debate, los parlamentarios enfrentan jornadas intensas para resolver más de 70 indicaciones, en un esfuerzo por modernizar el sistema de seguridad y vigilancia del Estado.
En ese sentido, Álvaro Elizalde, ministro del Interior, explicó que el rol de la Contraloría en el nuevo sistema no afectará las decisiones estratégicas ni el contenido técnico de los planes. “La indicación solo plantea un control de legalidad y no un control de mérito. La Contraloría no se puede pronunciar sobre el contenido del plan, solo que esté apegado a la Constitución y las leyes”, aclaró el secretario de Estado ante los cuestionamientos por la toma de razón.
La tensión en el Congreso se ha centrado en la idoneidad del ente contralor para visar el Plan de Inteligencia y el peligro de posibles filtraciones de información sensible.
Diputados de oposición alertaron sobre la necesidad de restringir el acceso a estos documentos confidenciales. Ante esto, el Gobierno se comprometió a evaluar sanciones severas para quienes difundan datos del Sistema de Inteligencia del Estado.
En relación con ello, Luis Fernando Sánchez, diputado del Partido Republicano, sostuvo su preocupación por la seguridad de la planificación estratégica a largo plazo. Enfatizando que este plan, diseñado para los próximos cinco años, debe pasar por la menor cantidad de escritorios posibles para evitar vulnerabilidades en la custodia de la información confidencial.
Desde el oficialismo, el foco está puesto en evitar que las nuevas facultades se utilicen con fines políticos o persecutorios. Los parlamentarios han insistido en incluir prohibiciones explícitas para realizar acciones de inteligencia contra organizaciones sociales o partidos políticos que actúen dentro del marco legal. Buscan, de esta forma, fortalecer el sistema sin comprometer las garantías democráticas.
En esa línea, Jorge Brito, diputado del Frente Amplio, destacó la importancia de mantener salvaguardas institucionales en la nueva normativa para evitar abusos. “Se tiene que fortalecer el sistema, manteniendo controles que eviten su politización”, subrayó el legislador, sumándose a las voces que piden resguardar la autonomía de los organismos frente a posibles sesgos ideológicos en la ANI.
Finalmente, la Comisión Mixta definirá este jueves si logra despachar la propuesta de forma definitiva hacia su siguiente etapa legislativa. Aunque existe la intención de acelerar el trámite, la falta de unanimidad para sesionar hasta el total despacho podría postergar el cierre de la votación para la próxima semana. De concretarse, la iniciativa quedará lista para ser ley de la República antes del receso parlamentario.
