El pleno de la Corte Suprema expresó su preocupación por la rebaja de más de 17 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial anunciado por el ejecutivo. Fue el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, el encargado de expresar este malestar a través de una declaración pública en el salón de Honor del Palacio de Tribunales.
En el texto se señala que “con ocasión de la reducción sustancial a partidas del presupuesto del Poder Judicial del año 2025, esta Corte Suprema manifiesta su preocupación y acordó emitir la siguiente declaración pública:
“El pasado viernes 10 de enero se tomó conocimiento de la rebaja originada por el acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo en el contexto de la discusión de la ley de presupuestos del año 2025. La materialización de esta rebaja implica para el Poder Judicial reducir su presupuesto ya aprobado en la ley 21.722, “Ley de presupuestos del Sector Público” correspondiente al año 2025, en un monto global de M$17.395.256 de pesos”.
Puntualiza el Pleno de la Corte Suprema que “lo expuesto afectará seriamente el funcionamiento de los tribunales y el acceso a la justicia, razón por la cual esta Corte Suprema manifiesta su preocupación ante el escenario planteado y se da a conocer a la opinión pública a fin de que se comprenda la gravedad que implica el recorte presupuestario efectuado”. Y señala que el máximo tribunal “por intermedio de su presidente y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, realizará todas las gestiones necesarias con las autoridades pertinentes, con el objeto de revertir esta situación o aminorar sus efectos dañinos para el servicio judicial. No obstante, es nuestro deber alertar a la comunidad toda de la grave situación que enfrentaremos durante el presente año, de no revertirse la medida anunciada”.
Afectación del servicio
Por su parte la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, explicó que las consecuencias de esta disminución en el presupuesto afectarán la prestación del servicio judicial y la preocupación del pleno es por el funcionamiento de los tribunales. “Hay que considerar que los jueces y funcionarios puede enfermarse o tener permisos y no se va a poder suplir su ausencia, lo que va a importar una aumento de carga de trabajo para el resto del tribunal que siga laborando y probablemente puede haber un retardo en la tramitación o en la atención de los usuarios que es nuestro norte. Tenemos que estar preocupados por dar un servicio judicial lo más oportuno posible”.
Agregó que con este recorte en el segundo semestre de este año probablemente “ya no habría dinero para las suplencias que va a requerir el Poder Judicial”.
“Tenemos que instar para que nuestro funcionamiento sea lo más digno y acorde con lo que requieren los justiciables (…), pero si hay falta de jueces, funcionarios, habrá mayor cargas de trabajo (…). De alguna manera se van a ver afectados los usuarios del sistema judicial”.
