En una tensa sesión en la Comisión de Seguridad de la Cámara, la máxima autoridad de la policía civil asumió la responsabilidad política y legal de la remoción de la exsubdirectora de Inteligencia, apelando a facultades estatutarias con más de 40 años de vigencia.
En medio de la polvareda política levantada por el descabezamiento de la unidad de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, el Director General de la institución, Eduardo Cerna, compareció este lunes ante la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Con un tono firme y técnico, la autoridad buscó cerrar filas en torno a la salida de la prefecta general Consuelo Peña, asegurando que el procedimiento se ajustó estrictamente a la normativa legal vigente.
“Quien toma las decisiones de la PDI es este director general y así lo he hecho durante más de dos años que estoy a cargo de la misma”, sentenció Cerna ante los parlamentarios, asumiendo la autoría personal y administrativa de una medida que ha generado suspicacias en diversos sectores políticos.
El sustento legal: Una facultad «sin expresión de causa»
El jefe de la policía civil basó su defensa en la Ley Orgánica de la PDI (Artículos 9 y 10), la cual le otorga la dirección y administración de la institución, incluyendo la “organización y distribución de los medios humanos”. Sin embargo, el punto clave de su argumentación radicó en el artículo 92 del estatuto del personal, una norma que rige hace cuatro décadas.
Según explicó Cerna, los oficiales que cumplen 30 años de servicio deben elevar una solicitud de retiro, cuya aceptación queda a discrecionalidad absoluta del Director General, quien puede darle curso o no “sin expresar causa para ello”. Esta facultad, defendió la autoridad, es la que permite realizar ajustes en el Alto Mando de manera «flexible, oportuna y bajo reserva».
En el caso específico de Peña, Cerna puntualizó que la oficial contaba con más de 36 años de trayectoria, rozando el límite máximo de 38 años que establece la normativa para la carrera policial. “Las decisiones son siempre institucionales”, subrayó para descartar motivaciones arbitrarias o externas.
El factor tiempo: La firma de la renuncia
Uno de los detalles más reveladores de la sesión fue la aclaración sobre cuándo se originó el documento de salida. Cerna reveló que el pasado 20 de marzo decidió cursar una solicitud de retiro que la propia Consuelo Peña había presentado en abril de 2024, momento en que ascendió a prefecta general.
“Fue en abril del 2024 que ella ascendió a prefecta general y como ascendió debe volver a firmar su solicitud de retiro desde esa fecha. Entonces, la que cursé es la que ella presentó hace dos años”, detalló el director ante la comisión.
Respecto a la forma en que se comunicó la noticia, Cerna descartó irregularidades en el trato. Relató que el mismo 20 de marzo le anticipó la decisión vía telefónica, para luego concretar una reunión personal y reservada el sábado siguiente por la noche, una vez que ambos coincidieron en Santiago tras cumplir con actividades oficiales.
Reconocimiento a la trayectoria
Pese a la firmeza en la decisión administrativa, Eduardo Cerna no escatimó en elogios para la exsubdirectora de Inteligencia, calificándola como una “profesional de trayectoria destacada” que prestó un gran servicio al país. “Por ella guardo el mayor respeto y aprecio personal y profesional”, añadió, intentando separar la valoración de su carrera de la necesidad técnica de renovar el mando.
La comparecencia deja un mensaje claro hacia el mundo político: la PDI defiende su autonomía administrativa y el Director General no está dispuesto a compartir —ni a delegar— la responsabilidad de los movimientos estratégicos en su estructura superior.
