Durante este viernes, autoridades de gobierno, Gendarmería, y la Policía de Investigaciones dieron a conocer un nuevo protocolo para agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros con órdenes vigentes. Este protocolo busca priorizar a aquellos que representan un riesgo para la seguridad pública o que están vinculados al crimen organizado.
Se trata de un documento emanado por el organismo dirigido por Luis Thayer Correa, cuyo objetivo es facilitar la localización de personas extranjeras con orden de expulsión vigente; cifra que en 2024 llegó a 30.000 personas.
En concreto, el protocolo especifica ajustes a la Ley de Migraciones para llevar un proceso de expulsión más eficaz, con tiempos más acotados y de manera más regular.
Asimismo, considera adecuaciones legales para permitir las expulsiones, incorpora más tecnología y considera un aumento de dotación en los equipos del Sermig.
Además, se establece un plazo de 48 horas para gestionar pasajes de repatriación y un máximo de 24 horas para ejecutar la expulsión una vez ratificada por los tribunales.
“El acceso a tecnología por parte de las policías para sus controles en el caso de la situación migratoria, la suscripción de este protocolo, la evaluación de los antecedentes y el reforzamiento del plan frontera norte, todos apuntan a tener un mejor control y un adecuado control de la migración, pero para eso, nosotros necesitamos hacer esa distinción respecto de aquellas personas que cumplen la ley de aquellos que no lo cumplen”, manifestó Cordero.
Cabe señalar que el gobierno aclaró que las 182,000 personas empadronadas hasta febrero de este año no accederán automáticamente a la regularización. Cada caso será evaluado individualmente, según lo informado por las autoridades.
