El domingo se aprobó un decreto legislativo migratorio en Perú, bajo el mandato de la presidenta Dina Boluarte, y se establece que los extranjeros que ingresen al país y no cumplan con «la obligación de identificarse ante la autoridad competente» serán expulsados.
Además, la norma establece que la obligación de identificarse es viable con la presentación de medios probatorios sucedáneos.
Así las cosas en el Perú. Por lo mismo, cabe preguntarse cuáles serán los efectos de la medida en Chile.
Y, es que en el país se originó el caos, ayer por la tarde, cuando cientos de migrantes acudieron al Estadio Víctor Jara para acceder a un Rol Único Tributario (RUT), de carácter provisorio, a fin de contar con educación, pago de cotizaciones y salud.
Este proceso, según indicaron desde el Ejecutivo, no está relacionado con el de regularización de la situación migratoria, pese a la confusión que desató.
Cabe destacar que el enrolamiento se estaba realizando en el Víctor Jara, debido a que parte de las oficinas del Registro Civil se encuentran cerradas, mientras se implementan los equipos necesarios para avanzar con la emisión de las nuevas cédula de identidad y pasaporte, con las que ahora cuenta Chile.
¿LA CULPA ES DE LAS AFP?
Luis Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, señaló que, si bien el empadronamiento concluyó en febrero del 2024, pese a que hubo extranjeros que se presentaron ayer buscando la realización de este trámite, el llamado era para quienes debían enrolarse, «procedimiento que realiza habitualmente Registro Civil cuando una institución tercera se lo solicita».
«En este caso entiendo que las AFP han solicitado enrolar, o tocar un RUT provisorio para que las personas puedan cotizar. Tiene que ver con eso», agregó.
REGULARIZACIÓN ACOTADA
Esta mañana, el subsecretario del Interior, Luis Cordero explicó que la regularización acotada es “para el grupo de personas que hasta febrero del año 2024 voluntariamente accedieron al empadronamiento biométrico”.
“Y por lo tanto, respecto al cual tenemos sus antecedentes (…) lo que nos permite tener un control efectivo del punto de vista de seguridad (…) por eso el Ejecutivo estaba hablando de regularización acotada”, agregó.
En ese sentido, destacó que a dicho grupo “hay que distinguirlo de aquellas personas que no se regularizaron y aquellas personas que -por distintos tipos de razones- al no regularizarse, han estado cometiendo delito o constituyen una situación de seguridad compleja para el país”.
“Hay razones de seguridad interna, ni es perdonazo ni es buenismo, ni nada parecido. Es una cuestión estrictamente práctica para el funcionamiento de la seguridad. Hay que sacarse de la cabeza que esto es un perdonazo o que esto es buenismo. Esto es resolver un problema concreto que tiene el país”, aseguró Cordero.
En definitiva, se trataría de 182 mil personas migrantes que estarían en condiciones de postular a la regularización acotada. Esto, de acuerdo con Cordero, no significa que todas ellas avancen y concluyan el trámite.
