El ministro Jorge Quiroz instruyó formalmente a 67 ministerios y subsecretarías a identificar inmuebles «prescindibles», incluyendo herencias vacantes, refugios en la montaña y propiedades ocupadas por funcionarios. El plan busca recaudar hasta US$ 300 millones y fortalecer la eficiencia en la gestión del aparato público.
Lo que comenzó como un anuncio en el seminario Sofofa-UDD se transformó en una instrucción administrativa de carácter obligatorio. El Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, envió un oficio circular a toda la administración central ordenando la elaboración inmediata de un Plan de Venta de Activos Institucionales, marcando un hito en la estrategia de austeridad y gestión del Gobierno actual.
La medida no solo apunta a recaudar fondos en un escenario de arcas fiscales estrechas, sino que, según palabras del secretario de Estado, responde a un «principio ético del manejo de la hacienda pública». El objetivo es desprendersede un aparato público que, a juicio de Hacienda, ha perdido el celo en el uso de sus recursos.
El inventario del Estado: De herencias vacantes a refugios en La Parva
La instrucción de Hacienda es clara: cada institución debe realizar un levantamiento exhaustivo de su stock de inmuebles. El ministro Quiroz fue enfático al señalar ejemplos que demuestran la falta de gestión estatal previa, mencionando la revisión de 1.200 propiedades provenientes de herencias vacantes.
“Son 1.200 propiedades, algunas ocupadas por funcionarios públicos, otras abandonadas, las vamos a vender todas”, afirmó Quiroz, incluyendo en la lista de activos prescindibles incluso “algunos refugios en La Parva”. El Gobierno estima que, mediante este proceso de enajenación, se podría alcanzar una recaudación potencial de entre US$ 200 millones y US$ 300 millones.
Los puntos clave del oficio ministerial
El documento, firmado por el ministro Quiroz y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, establece una metodología estricta para que los ministerios clasifiquen sus bienes en dos categorías:
- Activos prescindibles: Inmuebles que no son esenciales para la continuidad operativa ni el cumplimiento de funciones y que deben ser puestos a la venta.
- Activos no prescindibles: Bienes cuya mantención debe ser justificada explícitamente, detallando su contribución funcional y restricciones estratégicas.
Para los bienes a vender, las reparticiones deben entregar un expediente completo que incluya ubicación, número de rol de avalúo fiscal, superficie, uso actual y condición de ocupación. Además, cada subsecretaría deberá presentar un listado priorizado de aquellos activos que tengan mayor factibilidad de venta en el corto plazo.
Un plazo de 30 días para la administración central
La instrucción fue distribuida a 67 organismos, abarcando la totalidad del gabinete, desde carteras estratégicas como Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, hasta carteras sociales y de infraestructura como Salud, Educación y Obras Públicas.
Los ministros y subsecretarios cuentan con un plazo de 30 días corridos para centralizar la información y remitirla a la Dirección de Presupuestos (Dipres). Una vez validados los planes, se procederá a una segunda etapa: la tasación comercial de los bienes para determinar su valor real de mercado antes de salir a la venta.
Gestión más allá de la ley
Esta medida se suma a otras ideas fuerza impulsadas por Quiroz, como la persecución de deudores del CAE con altos ingresos y la revisión de beneficios sociales mal focalizados. El ministro ha sostenido que el ajuste fiscal no basta por sí solo y debe ir acompañado de gestión directa. “Actuamos por gestión, decretos y leyes. La ley es importante, pero no es lo único”, subrayó, reafirmando una agenda que combina contención fiscal con una búsqueda activa de crecimiento.
Con el mecanismo ya activado, el Estado inicia ahora una carrera para inventariar y clasificar su patrimonio, buscando abrir un espacio fiscal necesario mediante la venta de activos que, hasta hoy, permanecían en el olvido administrativo.
