Un reportaje de Mega Investiga evidenció la crítica situación de cientos de familias beneficiarias de subsidios habitacionales en la Región Metropolitana, quienes poseen viviendas legalmente a su nombre pero no pueden habitarlas debido a la falta de fondos del Estado.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Jennifer, quien en marzo firmó la escritura de su casa en Puente Alto, pero no puede mudarse. “Tengo casa, pero solo en un papel. No puedo vivir en ella y mis hijas sufren las consecuencias”, relató.
La mujer explicó cómo las lluvias agravaron su situación: “La gota que rebasó el vaso fue ver cómo caía el agua dentro de la casa donde vivo con mis tres hijas, y tenía que sacar el agua con un balde”.
Otro caso es el de Cintia, quien vendió su departamento confiando en los tiempos del subsidio DS-41 para adquirir su nueva vivienda. Sin embargo, “yo entregué mi propiedad y aún debo perseguir al Estado para recibir el pago que me corresponde”. La falta de fondos ha impedido que pueda cumplir con los compromisos de su nueva casa.
Según el reportaje, hasta septiembre al menos 680 familias han sido afectadas por retrasos en los subsidios, algunos con demoras de siete meses. La raíz del problema es un déficit presupuestario del Serviu, que alcanza 312 mil millones de pesos solo en la Región Metropolitana, equivalente al 32% de su presupuesto anual.
El Ministerio de Vivienda anunció un aporte adicional de más de 200 mil millones de pesos, con el objetivo de reducir la deuda histórica. Sin embargo, mientras algunas familias, como Jennifer, “ya recibieron sus pagos y hay esperanza”, otras, como Cintia, “aún no tienen una respuesta clara”.
El reportaje evidencia la urgencia de mejorar la gestión administrativa y financiera del Serviu, para que los subsidios cumplan su objetivo: entregar viviendas dignas y habitables a quienes más lo necesitan, evitando que la falta de fondos continúe afectando a familias vulnerables.
POLÉMICA ENTRE EL MINISTRO MONTES Y CANDIDATA PRESIDENCIAL
La crisis habitacional se da en medio de una tensa controversia política entre el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y la candidata presidencial y exministra Jeannette Jara, surgida a inicios de octubre de 2025.
En el contexto de su campaña, Jara criticó públicamente la lentitud del plan de reconstrucción en la Región de Valparaíso, señalando que “la falta de financiamiento es el principal obstáculo para avanzar”.
El ministro Montes respondió que los retrasos “no se deben a falta de fondos, sino a problemas de gestión y burocracia interna”, y sugirió que la demora en los desalojos de tomas irregulares —algunas con supuestos vínculos con el comando de Jara— también afectaba el proceso.
En respuesta, Jara acusó a Montes de intentar responsabilizarla políticamente y sostuvo que “el Gobierno no puede seguir culpando a terceros por su ineficiencia”. Su equipo desmintió cualquier relación con las ocupaciones ilegales.
Tras la polémica, el ministro intentó bajar el tono, aclarando que “no buscó generar controversia ni apuntar a nadie en particular”. También reconoció que en el servicio público hay funcionarios que participan en campañas, pero “lo hacen en su tiempo libre y sin usar recursos fiscales”.
El cruce de declaraciones ha generado tensiones al interior del oficialismo, en un contexto electoral donde ambos dirigentes representan alas relevantes del mismo sector político.
