Dos funcionarios activos de la PDI y la dueña del fundo donde desapareció María Ercira están imputados por presunta obstrucción a la justicia, luego de que la Fiscalía detectara graves irregularidades en la cadena de custodia de las cámaras de seguridad, la evidencia clave que podía revelar qué ocurrió el día de su desaparición.
La desaparición de María Ercira Contreras ya no solo estremece por la ausencia de respuestas, sino por algo aún más grave: quienes debían garantizar la verdad hoy están imputados. Dos funcionarios activos de la Policía de Investigaciones y la dueña del fundo donde se perdió el rastro de la adulta mayor quedaron formalmente bajo la lupa del Ministerio Público, acusados de una eventual obstrucción a la justicia que amenaza con sepultar las últimas certezas del caso.
La Fiscalía dio un giro explosivo. Lo que comenzó como una investigación por presunta desgracia hoy expone fallas —o algo peor— en el corazón mismo del procedimiento policial. La pregunta ya no es solo dónde está María Ercira, sino qué se hizo —y qué no— con la evidencia clave en los primeros días, cuando todo podía definirse.
Funcionarios policiales imputados: un golpe que sacude a la PDI
La decisión de interrogar a dos funcionarios de la PDI en calidad de imputados marca un punto de quiebre institucional. No se trata de errores menores ni de simples desprolijidades administrativas: la Fiscalía indaga irregularidades graves en la cadena de custodia de las cámaras de seguridad, el elemento más determinante para reconstruir las horas críticas tras la desaparición.
Según antecedentes judiciales, existían actas que daban cuenta de la entrega del material audiovisual, pero al momento de revisarlo, los registros no estaban. No completos. No utilizables. No recuperables. Un vacío que hoy se traduce en una arista penal que pone en entredicho la prolijidad —y la credibilidad— del trabajo investigativo inicial.
La dueña del fundo: de colaboradora a imputada
En paralelo, la propietaria del Fundo Las Tórtolas pasó de testigo a imputada. Su nombre aparece ligado a documentos que certificaban la existencia y entrega de grabaciones que, en los hechos, simplemente desaparecieron. Para la querella de la familia, las actas no reflejan la realidad del material entregado; para la Fiscalía, el punto es lo suficientemente grave como para abrir una investigación penal.
La defensa insiste en que no hubo intención de ocultar información, pero la imputación ya está sobre la mesa, y con ella, la sospecha de que la evidencia más importante del caso se perdió antes de ser analizada a fondo.
El día que todo se quebró
El 12 de mayo de 2024, Día de la Madre, María Ercira Contreras, de 86 años, compartía un almuerzo familiar en el restaurante del fundo, ubicado en Limache. Se levantó para ir al baño. Nunca regresó. No hubo forcejeos, no hubo gritos, no hubo imágenes que expliquen qué ocurrió. El silencio fue inmediato. La incertidumbre, permanente.
Las primeras horas fueron decisivas. Se desplegaron búsquedas, se rastrearon terrenos, se activaron protocolos. Pero mientras el tiempo corría, la evidencia audiovisual —la que podía responderlo todo— comenzaba a desvanecerse.
Cámaras apagadas, archivos perdidos y respuestas que no llegan
Hoy, la ausencia de grabaciones no es un dato menor: es el núcleo del escándalo. Peritajes posteriores no lograron establecer con claridad cuándo ni cómo se perdieron los registros, ni por qué documentos oficiales daban cuenta de un material que nunca apareció.
Ese quiebre es el que llevó a la Fiscalía a levantar la arista por obstrucción a la justicia. Y es también lo que mantiene a la familia convencida de que la verdad no solo está oculta, sino que fue mal manejada desde el inicio.
Dos causas, una herida abierta
El caso avanza ahora por dos frentes que se entrelazan peligrosamente: la búsqueda de María Ercira y la investigación sobre el actuar de quienes debían esclarecer su desaparición. Mientras una no se resuelva, la otra seguirá contaminada por la duda.
El caso que incomoda, erosiona y expone
Con funcionarios policiales imputados y una dueña de fundo formalmente investigada, el Caso María Ercira dejó de ser solo una tragedia familiar. Hoy es un símbolo de cómo una investigación puede quedar atrapada en sus propias sombras.
Porque sin cámaras, sin registros y sin certezas, lo único claro es esto: cuando la evidencia desaparece, la confianza también. Y en este caso, ambas siguen perdidas.
