En Pozo Almonte, más de 4 mil personas viven en tomas de terreno que cuentan con órdenes judiciales de desalojo, pero que aún no se han concretado. Los asentamientos incluyen terrenos bajo la franja de seguridad de la línea eléctrica “Pozo Almonte–Tamarugal”, lo que representa un riesgo para la vida e integridad física, ya que algunas viviendas se emplazan bajo cables de alta tensión.
Desde el inicio del gobierno de Gabriel Boric, la justicia ha solicitado 22 desalojos de ocupaciones ilegales en todo el país, de los cuales 14 ya se ejecutaron entre 2022 y 2025. Sin embargo, ocho permanecen pendientes, acumulando más de 14 mil personas viviendo en condiciones precarias sin que se haya concretado la restitución de los terrenos. Entre los casos más relevantes se encuentran ocupaciones en San Antonio, Quintero, Villa Alemana, Monte Patria y Pozo Almonte.
Uno de los casos más grandes es la toma de San Antonio, que alberga a más de 10 mil personas en el cerro Centinela y podría ser desalojada el miércoles 3 de septiembre si no se alcanza un acuerdo con los propietarios.
Otras ocupaciones han logrado acuerdos de compraventa, como en Batuco, Puente Alto y Lampa, mientras que en Pozo Almonte y otras localidades los desalojos aún están estancados por razones logísticas y de coordinación con las autoridades regionales.
Según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de Techo Chile, actualmente hay 1.428 campamentos en todo Chile, donde viven más de 120 mil familias, lo que refleja la magnitud del déficit habitacional y la complejidad de ejecutar desalojos de manera segura y digna.
Las autoridades han señalado que los desalojos requieren recursos, logística y coordinación, incluyendo maquinaria, vehículos de traslado de escombros, cierres perimetrales y personal para garantizar la seguridad de los ocupantes y la propiedad una vez restituidos los terrenos.
Sin embargo, la falta de alternativas habitacionales y las condiciones precarias de los ocupantes han generado que varios procesos se aplacen o se resuelvan mediante acuerdos económicos, dejando pendientes tomas con riesgos importantes para la seguridad de las personas.
