Una fiscalización sorpresa en el control de Cuya desató angustia, rumores y transmisiones en vivo desde el desierto. Tres empresas de buses fueron multadas por transportar migrantes indocumentados y obligadas a devolverlos a su ciudad de origen. Sin embargo, el silencio oficial durante más de 14 horas dejó a la comunidad en vilo. El delegado presidencial subrogante, Nicolás González, reconoce fallas en la comunicación, defiende el operativo y asegura que los controles continuarán.
El desierto tiene su propio eco. A veces es el viento. A veces son las sirenas. A veces —como ayer— es la ausencia de respuestas. A eso de las 21:00 horas, los habitantes de Cuya, una localidad diminuta encajada entre la carretera y el miedo a lo desconocido, vieron cómo buses eran detenidos por personal de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). Migrantes sin documentación bajaban uno a uno mientras los conductores recibían instrucciones que nadie en el pueblo logró descifrar.
Las primeras imágenes circularon rápido: mensajes de WhatsApp, videos grabados a la carrera, transmisiones rápidas del alcalde de Camarones que aseguraba “no haber sido informado de ningún operativo”. La comunidad, acostumbrada a ser un punto de paso, no a un punto de tensión, exigía respuestas.
Pero las respuestas no llegaron.
Ni de la Delegación Presidencial.
Ni del Ministerio del Interior.
Ni de Carabineros.
Ni de Transportes.
Nada. Silencio absoluto.
14 horas después: la explicación
A la mañana siguiente, y sólo tras insistentes presiones de la prensa regional, el delegado presidencial subrogante, Nicolás González, aceptó hablar. Y lo hizo en los micrófonos de Vilas Radio, donde reconoció lo que todos habían sospechado:
“Sí, nos demoramos. Primero necesitábamos reunir toda la información para entregar algo responsable”, dijo.
El operativo —según explicó— era una fiscalización coordinada en el marco del Comité Regional contra el Crimen Organizado, un despliegue que no fue comunicado antes por tratarse de labores “reservadas” y que tenía como objetivo detectar el traslado de personas que no cumplen con los requisitos migratorios.
Las empresas multadas
La PDI —según información oficial entregada hoy— multó a tres empresas de buses, amparada en el artículo 113 de la Ley de Migraciones, que sanciona con 10 a 20 UTM por cada pasajero indocumentado transportado hacia o desde territorio nacional.
González evitó dar sus nombres y señaló que la tramitación de las multas es “materia exclusiva de la PDI y el Servicio Nacional de Migraciones”.
Lo que sí confirmó es que las empresas debieron hacerse cargo del retorno de los migrantes hacia sus ciudades de origen:
—Arica
—Iquique
—Antofagasta
—Y en algunos casos, Santiago
Es decir, no hubo detenciones ni traslados a recintos policiales; la sanción recayó directamente en las compañías transportistas.
¿Y dónde estaba el Ministerio de Transportes?
La pregunta se repitió varias veces. González insistió, con visible incomodidad, en que Transportes no estaba a cargo:
“Estas multas no corresponden a la Ley de Transportes, sino a la Ley de Migraciones. Es la PDI la que fiscaliza, sanciona y coordina con Migraciones”.
No hubo inspección ministerial en terminales de buses ni presencia oficial en el control de Cuya.
El punto crítico: la comunicación que no llegó
González admitió que las coordinaciones fallaron.
Los vecinos no sabían nada.
El alcalde de Camarones no sabía nada.
Los medios no sabían nada.
“Recojo el guante. Podríamos haber salido antes. Pero necesitábamos tener toda la información”, reconoció al aire.
Sin embargo, reconoció que las transmisiones en vivo del alcalde —y los rumores que circulaban— amplificaron el temor.
La comunidad creyó que Cuya se convertiría en una zona de acumulación de migrantes.
No fue el caso.
A las 22:30, según la Delegación, ya no quedaban personas en el punto de control.
Los controles seguirán
El delegado aseguró que lo ocurrido “no fue un hecho aislado” y que durante la semana habrá nuevos operativos, algunos en Arica, otros fuera de la comuna.
No quiso detallar dónde, porque —dijo— “el factor sorpresa es clave”.
El Gobierno busca frenar el traslado de personas indocumentadas que intentan llegar al complejo fronterizo de Chacalluta para viajar a Perú, un paso que desde octubre endureció sus exigencias de ingreso.
El mensaje final: calma y puertas abiertas
En los minutos finales de la entrevista, González bajó el tono y habló directamente a los habitantes de Cuya:
“La presidenta de la Junta de Vecinos tiene mi número. Me puede llamar a cualquier hora. Estamos atentos”.
Pidió calma, aseguró que el control fue “normal” dentro de los operativos planificados y reiteró que no hubo personas detenidas ni retenidas.
