
Chile se prepara para una temporada de incendios forestales considerada de alto riesgo, y el Gobierno anunció que desplegará la mayor operación preventiva de los últimos años. El Plan Nacional de Cortafuegos 2025–2026, presentado por las ministras de Agricultura, Ignacia Fernández, y de Obras Públicas, Jessica López, contempla la construcción de 4.893 kilómetros de cortafuegos, un esfuerzo que abarcará desde Tarapacá hasta Magallanes.

La meta —cercana a los 5 mil kilómetros— busca crear barreras capaces de interrumpir la continuidad del combustible vegetal, reduciendo la velocidad y el alcance del fuego en sectores donde la combinación de clima, vegetación y presencia de viviendas eleva el riesgo a niveles extremos. Según explicaron las autoridades, estos cortafuegos son infraestructura crítica para la protección de vidas, viviendas y actividades productivas.
Para esta temporada, el Plan de Incendios Forestales cuenta con un presupuesto de $160 mil millones, cifra que representa un aumento superior al 110% respecto de 2021-2022. Este incremento permitirá reforzar brigadas, ampliar la capacidad aérea, sumar tecnología de monitoreo y mejorar los sistemas de alerta temprana, pilares que buscan fortalecer la prevención y la reacción frente a emergencias.
La Dirección de Vialidad tendrá un rol clave en la construcción de cortafuegos. Para ello dispondrá de 974 maquinarias y camiones, además de 1.154 funcionarios, quienes trabajarán junto a organismos públicos y empresas privadas en una operación de gran escala a lo largo del país.
El combate y la prevención también se verán reforzados por un aumento del 37% en las brigadas, pasando de 252 a 319 equipos especializados, y por el crecimiento del 26% en aeronaves, que subirán de 62 a 77 unidades, entre aviones y helicópteros destinados al combate directo del fuego.
Otro elemento central será el programa “Comunidad Preparada Frente a los Incendios Forestales”, que duplicó su cobertura al pasar de 156 a 314 comunidades capacitadas. Esta iniciativa busca generar cambios de conducta que permitan reducir riesgos en zonas rurales y de interfaz urbano-forestal, donde la prevención comunitaria puede ser determinante.
El Gobierno destacó que la estrategia 2025-2026 pone a las personas en el centro, combinando acciones preventivas de gran escala con mayor presencia territorial, recursos reforzados y un enfoque que busca anticiparse a una temporada que podría presentar condiciones particularmente complejas.







