La gigante pesquera acusa una «expropiación» de sus derechos tras la modificación anticipada del fraccionamiento de cuotas, señalando que la medida rompe la seguridad jurídica y arriesga una merma de 33 mil toneladas de jurel para 2026.
La pesquera Camanchaca ha oficializado una de las acciones judiciales más cuantiosas contra el Fisco en los últimos años. El pasado 31 de enero, la compañía ingresó una demanda de indemnización de perjuicios ante el 18° Juzgado Civil de Santiago, exigiendo que el Estado de Chile pague $90 mil millones debido a los daños provocados por la Ley 21.752.
El quiebre de la «Promesa» del Estado
El conflicto se origina en la modificación del régimen de fraccionamiento pesquero, el cual define cómo se reparten las cuotas de captura entre el sector industrial y el artesanal. Según Camanchaca, el sistema establecido en 2013 garantizaba estas reglas hasta, al menos, el año 2032.
- Vulneración de derechos: La empresa sostiene que la nueva ley vulneró derechos patrimoniales ya adquiridos.
- Inversiones en riesgo: El gerente general, Ricardo García, enfatizó que realizaron cuantiosas inversiones basadas en compromisos estatales que ahora se rompen unilateralmente.
- Seguridad jurídica: El CEO advirtió que no solo se afecta a la empresa, sino que se daña la confianza en la seguridad jurídica del país como un todo.
Un cambio «Sin fundamentos técnicos»
La pesquera recordó que en 2013 renunciaron a autorizaciones indefinidas y aceptaron pagar un elevado royalty a cambio de certezas de largo plazo. Sin embargo, denuncian que en 2025 el escenario cambió drásticamente, siete años antes de lo previsto.
Camanchaca critica que la reducción de la participación industrial se realizó sin fundamentos técnicos, científicos ni de sustentabilidad. Esta situación mermaría permanentemente las posibilidades de desarrollo del sector, afectando especialmente la pesquería del jurel.
Impacto proyectado: 33 mil toneladas menos
La cifra de $90 mil millones no es al azar; responde a la estimación del perjuicio económico por la pérdida de capacidad operativa.
- Para el año 2026, la firma proyecta enfrentar una merma de 33 mil toneladas de jurel debido a las nuevas cuotas definidas.
- «Cuando el Estado expropia, la ley y la Constitución lo obligan a indemnizar; no hacerlo es ilegal», sentenció García, calificando la situación como una cuestión de respeto a los derechos adquiridos y no una disputa ideológica.
El proceso judicial recién comienza y pone en el centro del debate la capacidad del Estado para modificar regulaciones estratégicas, sin compensar a los actores económicos afectados por el cambio en las reglas del juego.
