El escándalo en el Hospital Base San José de Osorno sigue escalando. A las denuncias de tortura y vejaciones que sufrió un trabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) entre 2018 y 2020, se suma ahora que uno de los agresores contactó directamente a la víctima el pasado 2 de septiembre, pidiéndole que declarara a su favor para evitar ser despedido en el sumario que reabrió el hospital.
De acuerdo con el relato del padre de la víctima, el mail contenía una petición de apoyo y una justificación de los hechos, calificándolos como “tallas entre colegas”. Además, el agresor explicó que los videos de las torturas fueron difundidos porque otro de los implicados los filtró como venganza por no estar conforme con el resultado de un sumario previo.
A pesar de la gravedad del caso, tres de los cuatro funcionarios involucrados siguen recibiendo su sueldo completo. Según información de Transparencia, Rodrigo Reyes Melo, Erardo Gallardo Alarcón y Jhonatan Navarro Guerrero recibieron remuneraciones brutas en julio de 2025 de $2.384.190, $1.836.877 y $1.846.470 respectivamente, bajo cargos de apoyo administrativo y apoyo logístico.
El director (s) del hospital, Julio Vargas, confirmó que los funcionarios no pueden ser desvinculados hasta que Contraloría tome razón del sumario. “Han sido cambiados de sus unidades, algunos presentan licencias médicas y otros no están asistiendo por decisión propia”, declaró en conferencia de prensa.
El cuarto implicado, Jairo Báez Huaiquián, fue formalizado en 2021 por lesiones menos graves luego de quebrarle un dedo a la víctima en plena jornada laboral. El proceso terminó con una suspensión condicional del procedimiento, por lo que no perdió su cargo. Báez también registra denuncias por amenazas contra una funcionaria que era su pareja.
Los registros difundidos por medios nacionales muestran los crueles vejámenes sufridos por Camilo (nombre ficticio para resguardar su identidad): fue amarrado, asfixiado, quemado con vapor, rapado contra su voluntad y obligado a desnudarse. Todo fue grabado entre risas por sus agresores.
El padre de la víctima anunció que presentará acciones legales, sumando el correo enviado por el agresor como nueva evidencia. “Lo único que quiero es que se haga justicia y que esto se transparente para que no vuelva a ocurrir”, enfatizó.
Por la repercusión del caso, el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente de Concepción debió emitir un comunicado aclarando que su cardiólogo infantil, Dr. Rodrigo Edgardo Reyes Melo, no tiene relación alguna con el funcionario involucrado en Osorno, pese a la coincidencia de nombres.
La comunidad ha manifestado profunda indignación ante el hecho de que, a cinco años de los hechos, no haya despidos ni sanciones firmes, y que los responsables continúen recibiendo remuneraciones del sistema público de salud.
ACTUALIZACIÓN – ÚLTIMO MINUTO: DESTITUYEN A LOS CUATRO FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN TORTURAS A EXTRABAJADOR CON TEA EN HOSPITAL DE OSORNO
El Ministerio de Salud confirmó la destitución de los cuatro funcionarios involucrados en las torturas y vejámenes sufridos por un extrabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Hospital de Osorno entre 2018 y 2020.
En un comunicado, el Minsal reiteró su condena a estos actos, conocidos tras la difusión de registros audiovisuales por Denuncias BBCL y Radio Bío Bío. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, ofició al Servicio de Salud de Osorno para que entregara todos los antecedentes y aplicara las medidas disciplinarias.
Con la evidencia en mano, se instruyó la ejecución inmediata de las sanciones de los sumarios administrativos, que se tradujeron en la destitución de los cuatro funcionarios. También se designó un abogado enviado especial al hospital y se remitieron los antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Además, se ordenó un nuevo sumario administrativo para investigar la omisión de denuncia de los directivos de la época y revisar los procedimientos que en su momento concluyeron en sobreseimiento.
La Fiscalía de Osorno desmintió que los videos hayan sido denunciados previamente, abriendo una investigación de oficio y no descartando el delito de tortura. Un equipo multidisciplinario de la PDI fue asignado para las diligencias.
