Chile inicia este 5 de enero una transformación histórica en su modelo de persecución penal con la puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial. Esta nueva unidad estratégica del Ministerio Público operará con competencia en todo el territorio nacional, centralizando la investigación de delitos de crimen organizado y causas de alta complejidad que traspasen las fronteras regionales, marcando un hito en la seguridad pública del país.
Es así como Miguel Ángel Orellana, fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, manifestó que el inicio de estas operaciones conlleva un compromiso de Estado para enfrentar estructuras delictivas modernas. El persecutor asumió oficialmente el liderazgo de este equipo especializado, el cual tiene como misión coordinar investigaciones de alcance suprarregional que anteriormente enfrentaban barreras jurisdiccionales, optimizando así el uso de la inteligencia criminal.
Desde el gremio de persecutores ven con optimismo esta implementación, aunque mantienen una postura cautelosa respecto a los recursos globales del organismo. Es así como un equipo de 35 fiscales se dedicará exclusivamente a desarticular las bandas más peligrosas del país, buscando dar una respuesta efectiva ante el aumento de delitos violentos y transnacionales que han impactado a la ciudadanía en los últimos años.
Por su parte, Patricia Ibarra, presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, señaló que, si bien es un paso positivo, la infraestructura general sigue bajo presión. “Permitirá destinar a 35 fiscales exclusivamente a la investigación de los delitos más graves, pero es un avance importante que no soluciona por completo la sobrecarga del sistema considerando el alto número de causas”, advirtió la representante, subrayando la necesidad de un fortalecimiento permanente.
La implementación de esta unidad especializada también ha generado alertas sobre el equilibrio del sistema procesal chileno. Al aumentar la capacidad de persecución y el número de detenciones, se proyecta una presión inmediata sobre los tribunales y los órganos de defensa, lo que podría generar cuellos de botella si no existe una inversión proporcional en todas las áreas de la justicia penal.
En esa línea, Verónica Encina, Defensora Nacional, sostuvo que es imperativo un refuerzo integral para evitar el colapso de las audiencias ante el nuevo escenario. “El fortalecimiento del Ministerio Público debe ir acompañado de un refuerzo equilibrado de la Defensoría Penal Pública y del Poder Judicial; una mayor capacidad investigativa genera más demanda por defensores y, de no existir un refuerzo proporcional, podrían producirse dificultades prácticas”, explicó la autoridad.
