La Asociación de Municipalidades de Antofagasta (AMRA) lideró los reparos advirtiendo un inminente descalabro financiero en los territorios rurales y zonas extremas. Pese al blindaje del Presidente José Antonio Kast al Fondo Común Municipal, jefes comunales de todo el espectro político —desde Quinta Normal hasta Zapallar— tildaron la indicación de «peligrosa» y desafiaron al Ejecutivo a una reforma estructural.
Un complejo frente de conflicto político e institucional se ha abierto entre el Gobierno central y el municipalismo chileno. Una fuerte ola de cuestionamientos transversales por parte de alcaldes de diversas regiones del país ha puesto en jaque la última indicación ingresada por el Ejecutivo en la denominada reforma miscelánea —asociada originalmente a la ley de reconstrucción de viviendas por los últimos incendios—, la cual pretende eliminar de forma total el pago de contribuciones a la primera vivienda para personas mayores de 65 años.
Pese a que la medida ha sido promocionada por La Moneda como un alivio directo para la clase media y la tercera edad, la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta (AMRA) alzó la voz para alertar que el diseño de la normativa adolece de un severo error de diagnóstico, afirmando de manera categórica que la exención no beneficiará a “la población que más lo necesita”, sino que terminará subsidiando a los sectores de mayores ingresos económicos en desmedro de los presupuestos comunales.
El diagnóstico del Norte Grande: Un beneficio para la plusvalía
El presidente de la AMRA y alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta, lideró los reparos técnicos en el norte del país, explicando de forma empírica el comportamiento de este impuesto territorial. El jefe comunal señaló que el grueso de las contribuciones es cancelado por un pequeño porcentaje de la población, el cual se concentra de manera exclusiva en aquellos contribuyentes que poseen las propiedades habitacionales más caras y emplazadas en los barrios de mayor plusvalía de cada comuna.
Al eliminar este cobro sin aplicar criterios de focalización socioeconómica, argumentan los alcaldes, el Estado dejará de percibir ingresos fundamentales que financian el gasto social local. Zuleta recordó con preocupación que las contribuciones representan la mayor fuente de ingresos propios para los presupuestos municipales, llegando a superar de forma holgada los montos recaudados mediante los permisos de circulación vehicular y las patentes comerciales.
Tensión en La Moneda: Kast descarta dar pie atrás
Frente al fantasma del desfinanciamiento, una comitiva de alcaldes sostuvo una tensa reunión de trabajo la semana pasada con el Presidente José Antonio Kast y parte de su gabinete ministerial. En dicha instancia, los jefes comunales plantearon formalmente la necesidad de reconsiderar la indicación o, al menos, quitarle la urgencia legislativa para abrir un espacio de indicaciones reguladoras.
Durante la cita, el Mandatario intentó infundir tranquilidad asegurando que el Fondo Común Municipal (FCM) no se verá afectado por la medida, debido a que el Ministerio de Hacienda aplicará una fórmula de cálculo interna para inyectar recursos fiscales que compensen la diferencia de la menor recaudación territorial. En la reunión, el subsecretario de Hacienda expuso una serie de proyecciones financieras sobre cómo operaría dicha mitigación fiscal.
Sin embargo, las promesas de compensación económica no lograron convencer a la directiva de la AMRA. Según detalló Justo Zuleta, el gremio municipal cuestionó directamente los motivos políticos para mantener a firme una ley bajo sospecha técnica. “Preguntamos por qué no se echaba pies atrás con una medida que a todas luces no beneficia a la gente que más lo necesita”, fustigó el alcalde nortino, revelando que el Presidente Kast mantuvo firmemente su posición, informando que la decisión está tomada y que seguirá adelante por el bien del país.
Tormenta perfecta en las zonas extremas: Combustibles y minería
Para los municipios del norte de Chile, este cambio normativo representa un elemento más de incertidumbre que se suma a una lista de asfixias financieras estructurales. Las corporaciones edilicias de zonas alejadas enfrentan actualmente el brutal impacto del alza de los combustibles, el cual encarece los costos operativos diarios de recolección de basura y patrullajes de seguridad. A esto se añade el recorte presupuestario decretado en distintos ministerios sectoriales y el “congelamiento” de los recursos provenientes de las patentes mineras.
Respecto a este último punto, los alcaldes denunciaron un grave estancamiento: la fórmula original pensada para las recaudaciones mineras se había fijado en un techo cercano a los 80 millones de dólares. No obstante, con el incremento exponencial del precio internacional del cobre registrado de forma sostenida hasta el 2024 y 2025, las recaudaciones prácticamente se triplicaron, lo que dejó amarrados a los municipios de Antofagasta a un porcentaje fijo y les impidió percibir el excedente total de la riqueza generada en sus propios suelos.
“Hoy reina un poco de incertidumbre (…). Al encarecerse el costo de la vida por el alza de los combustibles, todos los proyectos a ejecutar suben de valor. Muchas licitaciones caen por falta de oferentes y tenemos que incrementar el financiamiento municipal para que las empresas postulen. Además, si alguien quiere venir a trabajar a la municipalidad de San Pedro de Atacama, se enfrenta al encarecimiento de los alojamientos y servicios. Las discusiones en curso por las contribuciones son solo la punta del iceberg frente a todos los efectos que tendremos los territorios de zonas más extremas”, advirtió Justo Zuleta.
Alarma transversal: De comunas rurales a megacomunas urbanas
La preocupación por el impacto financiero de la reforma miscelánea escaló rápidamente hacia la zona central del país, uniendo a alcaldes de diversas sensibilidades políticas en un bloque de rechazo:
- Talagante: El alcalde Sebastián Rosas catalogó los efectos proyectados como un escenario «bastante doloroso» para las arcas de la Región Metropolitana, advirtiendo que la medida golpeará directamente la estabilidad presupuestaria de las comunas con menor capacidad de recaudación propia. “El Fondo Común Municipal, en este caso para las comunas rurales, es uno de los pilares fundamentales en la parte financiera”, complementó Rosas.
- Quinta Normal: La alcaldesa Karina Delfino arremetió con dureza contra el diseño del Ejecutivo, calificando el momento político como altamente riesgoso. “Estamos en contra de la rebaja de contribuciones, estamos frente a un momento muy complejo y peligroso no solamente para el municipalismo, sino para millones de chilenos que ven a sus municipios como la primera puerta y rostro del Estado”, fustigó la jefa comunal.
- Puente Alto, Maipú y Valparaíso: Equipos técnicos de estas tres populosas comunas emitieron informes de alerta, advirtiendo que de no concretarse las compensaciones prometidas por Hacienda de forma exacta y expedita, se verán resentidos directamente servicios públicos esenciales como los planes de seguridad comunal, la ejecución de programas sociales y la mantención de la infraestructura urbana.
Finalmente, el debate institucional sumó un fuerte desafío político desde la trinchera de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM). Su presidente y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, cuestionó la viabilidad y la letra chica de la reposición de recursos anunciada por el Gobierno de Kast, emplazando formalmente a las autoridades de la billetera pública a abrir una discusión de fondo para modernizar el sistema: “Desafío al gobierno a que hagamos la Ley de Rentas III para mejorar y modernizar el municipalismo de una vez por todas”, sentenció la máxima autoridad de la ACHM, instalando una presión legislativa que promete tensionar las negociaciones en el Congreso durante las próximas semanas.
