El procedimiento, enmarcado en el Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026, movilizó a casi dos mil funcionarios de Gendarmería e intervino a más de seis mil internos. Las autoridades incautaron cientos de armas blancas, teléfonos celulares y droga, avanzando además en el traspaso de la institución penitenciaria hacia el nuevo Ministerio de Seguridad Pública.
En un masivo y coordinado despliegue estratégico destinado a neutralizar las bandas delictivas que operan desde el interior de los recintos penitenciarios, el Gobierno de Chile ejecutó un contundente operativo de registro y allanamiento simultáneo a nivel nacional. La intervención, que forma parte fundamental de las políticas de shock contra la delincuencia de la actual administración, apuntó directo a desarticular los nexos del crimen organizado e incautar elementos prohibidos que ponen en riesgo la seguridad de los recintos y de la ciudadanía.
El procedimiento se dio en el marco de las directrices e instrucciones mandadas por la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, bajo el amparo del denominado Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026. Las acciones operativas se concentraron con especial fuerza en los módulos de alta complejidad, abarcando de forma paralela e inmediata a 40 unidades penales a lo largo de todo el territorio nacional, interviniendo de forma directa a una población de 6.046 internos.
Supervisión en terreno en la ex Penitenciaría y el avance hacia el nuevo ministerio
El corazón del operativo penal estuvo fuertemente resguardado por las máximas autoridades de la seguridad nacional. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau García Huidobro, junto al Director Nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, se trasladaron hasta las dependencias del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (conocido popularmente como la ex Penitenciaría). En dicho histórico y complejo penal, los equipos de elite intervinieron un total de 363 internos de alta peligrosidad en galerías específicas.
Durante la inspección en terreno, el ministro Martín Arrau destacó el valor estratégico de este golpe carcelario y aprovechó la instancia para visibilizar y respaldar la sacrificada labor de los uniformados de verde oliva. En sus declaraciones, la autoridad ministerial relevó la transformación estructural que vive la institución, confirmando que «Gendarmería de Chile ha iniciado un proceso de traslado desde el Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de Seguridad, proceso que se demorará un año o más». Arrau enfatizó la necesidad de recorrer los penales para «aprender, valorizar y sobre todo apoyar a esta Institución y todo un desarrollo penitenciario que esperamos sacar adelante en este gobierno».
Por su parte, el Director Nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, detalló que para esta irrupción en las dos galerías de la ex Penitenciaría se utilizó un contingente de Servicios Especializados, del Departamento de Investigación Criminal y de la Escuela Institucional, operando sobre un volumen de población penal altamente avezada.
El balance del decomiso: Armas, tecnología y alcohol artesanal
El balance final del despliegue simultáneo arrojó cifras categóricas que demuestran la efectividad y profundidad de la revisión de las celdas y espacios comunes. El procedimiento general se materializó gracias al despliegue de una contundente fuerza operativa de 1.917 funcionarios de Gendarmería en las regiones del país.
Gracias a esta masiva presencia de los guardias penitenciarios, se logró incautar de forma exitosa la suma de 551 armas blancas de confección artesanal (estoques y puntas), 111 teléfonos celulares, 46 litros de licor artesanal (chicha carcelaria), además de una cantidad no especificada de sustancias ilícitas y drogas de diversos tipos que pretendían ser comercializadas o utilizadas en disputas internas. Las autoridades recordaron que estos estrictos protocolos de seguridad resultan vitales, ya que permiten prevenir la ocurrencia de hechos de violencia, desarticular estructuras internas y reforzar el control penitenciario frente a fenómenos asociados al crimen organizado transnacional.
Control de vestimenta fiscal para reos de alta peligrosidad
En paralelo a la entrega del balance del decomiso masivo, el Ministerio de Seguridad Pública ratificó la consolidación de una de las medidas más estrictas en materia de régimen interno carcelario: la implementación de ropa estandarizada para los reclusos de peor comportamiento. En ese sentido, se precisó que el ministro Arrau visitó también las dependencias del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), el primer establecimiento carcelario de Chile donde la población penal de alto riesgo utiliza vestimenta fiscal obligatoria.
Esta drástica medida de segregación y control, a la que recientemente se sumaron de forma oficial los Centros Penitenciarios de las regiones de Antofagasta y del Biobío, consta de la entrega regular de una chaqueta o parka, polar, pantalón y polera. Desde Gendarmería explicaron que este uniforme cumple con estándares internacionales de confort, abrigo y dignidad, pero por sobre todo, permite tener un control visual absoluto y permanente de la población penal de alto compromiso delictual, dificultando motines, agresiones o intentos de fuga. Estas medidas se acoplan al reforzamiento de tecnologías de vigilancia y monitoreo de última generación para anticipar cualquier contingencia en las cárceles chilenas.
