Una resolución inédita y de gran impacto fue publicada este miércoles 11 de junio en el Diario Oficial. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana (CAJ), ordenó repetir la práctica profesional completa a quienes no hayan entregado el informe final exigido por reglamento. La medida aplica a egresados de Derecho desde 1981 hasta fines de 2024 que aún no hayan cumplido con ese requisito formal.
El documento —Resolución Exenta Nº 1.488— establece un plazo de 15 días para que los afectados entreguen su informe pendiente. Si no lo hacen, deberán repetir la práctica, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde su realización. El fundamento legal de esta decisión es el artículo 22 del decreto supremo Nº 265, que regula el proceso de práctica y exige la entrega del informe como condición para validar el ejercicio profesional.
Según la Unidad de Prácticas Profesionales, hay numerosos casos sin respaldo documental, incluso de hace más de una década, lo que ha generado un desorden administrativo. La resolución se distribuyó internamente en todas las dependencias de la CAJ Metropolitana, como vía formal de notificación. Si no se acredita la entrega del informe, no se considerará válida la práctica, lo que afectaría directamente el proceso de habilitación para obtener el título de abogado.
Aunque la cartera no ha entregado un catastro oficial del universo afectado, desde el ministerio reconocen que esta medida busca cerrar décadas de omisiones. La norma solo aplica a egresados que aún no están titulados, no a abogados ya juramentados. Sin embargo, surgen dudas: ¿es posible que alguien haya obtenido el título sin cumplir este paso clave? El tema está abierto y el impacto puede ser masivo.
