En un nuevo despliegue de seguridad migratoria, un vuelo chárter arribó al país trasladando a un grupo de 18 ciudadanos chilenos expulsados por la administración de Donald Trump. El operativo, que se concretó el pasado sábado 31 de enero, activó de inmediato las alertas en la losa del terminal aéreo, permitiendo la captura de individuos que intentaban reingresar a Chile manteniendo deudas pendientes con la justicia nacional.
Respecto a la situación judicial de los retornados, las autoridades confirmaron que el contingente está formado por 14 hombres y 4 mujeres. Álvaro Elizalde, ministro del Interior, manifestó que “al arribar, y tras los controles correspondientes, dos de estas personas quedaron a disposición de la justicia chilena, ya que contaban con órdenes de detención vigentes”, resaltando la efectividad de los filtros policiales tras el aterrizaje.
En cuanto a las estadísticas de deportación, este vuelo profundiza la tendencia de retornos forzosos desde Norteamérica iniciada en mayo de 2025. El Ministerio del Interior sostuvo que, con este nuevo grupo, la cifra total de connacionales expulsados por el gobierno estadounidense asciende a 318 personas, quienes han sido procesadas bajo una política migratoria que, según el Ejecutivo, se aplica de forma general a todas las naciones.
Sobre la logística institucional, el retorno se realizó bajo una estricta coordinación entre carteras de Gobierno y policías, el jefe de Gabinete, aseveró que “se logró asegurar un retorno ordenado gracias al procedimiento coordinado entre los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto a la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio de Registro Civil”, entidades encargadas de verificar la identidad de los pasajeros.
Finalmente, el Gobierno reiteró su compromiso de mantener la vigilancia sobre estos vuelos especiales para garantizar la seguridad pública. El ministro del Interior concluyó que, ante la posibilidad de futuros traslados, continuaremos trabajando para que el regreso sea conforme a la normativa vigente, asegurando que cada chileno que pise suelo nacional sea sometido a los controles legales respectivos para detectar antecedentes criminales activos.
