El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, no lo ocultó: “Más control de Carabineros, más investigaciones, en todos lados debe haber verificación, incluso en buses”, advirtió con gravedad tras el sorprendente descubrimiento de una granada en un bus que cruzaba desde Iquique a Calama. Sus palabras reflejan un temor latente: si el fenómeno se repite, la macrozona norte podría convertirse en campo fértil para el tráfico explosivo, un escenario que él mismo describe como una falla crítica en el sistema fronterizo del país.
En una mañana cualquiera en el puesto fronterizo de Quillagua, entre Tarapacá y Antofagasta, lo que parecía un control rutinario de aduanas se transformó en una escena de película bélica. Bajo el asiento número 7 de un bus que había partido desde Iquique con destino a Calama, los fiscalizadores descubrieron un objeto que encendió todas las alarmas: una granada de mano, escondida dentro de una bolsa de papel.
La tensión creció al instante. No era sólo una curiosidad macabra, sino una amenaza real: explosivo, fragmentable, diseñado para matar o herir con devastadora eficacia. Las autoridades no se arriesgaron: invocaron el protocolo, pidieron refuerzos y llamaron a los especialistas del GOPE para neutralizar el peligro y proteger a los pasajeros, que, perplejos, aguardaban en silencio mientras la granada era analizada y asegurada.
Ricardo Aceituno, jefe de fiscalización de la Aduana de Iquique, reportó que el artefacto fue ubicado gracias al ojo experto de sus fiscalizadores: “No es algo aislado”, explicó. “Hemos ya detectado granadas, pistolas, piezas de armamento en otros controles en Quillagua”. El descubrimiento, lejos de ser una anomalía, se inscribe en un patrón de riesgo persistente.
Durante la inspección posterior, cada pasajero fue interrogado, cada maleta revisada, y el vehículo minuciosamente escudriñado. El operativo no sólo buscaba otro artefacto explosivo, sino identificar una red, un posible método de tráfico en movimiento. Fue en este punto cuando uno de los pasajeros, un ciudadano boliviano, confesó: trasladaba la granada por dinero. Según fuentes de la Fiscalía del Tamarugal, el hombre aseguró que debía entregarla a un tercero, y por ese encargo le prometieron 100.000 pesos.
La confesión cayó como un balde de agua fría. Un explosivo de alto riesgo, transportado por un bus de pasajeros, cruzando regiones: la lógica criminal era obvia. No se trataba de un despiste, sino de una transacción deliberada. Su detención fue inmediata: el extranjero fue puesto en control de detención por porte y transporte ilegal de artefacto explosivo. La Fiscalía solicitó tres días para formalizarlo, en parte porque portaba dos cédulas diferentes, lo que planteaba dudas sobre su identidad real.
Expertos alertan sobre la devastación potencial de una granada así. Según el especialista en criminalística Eduardo Ríos, si explota en un espacio cerrado, los fragmentos pueden alcanzar hasta 20 metros, provocando lesiones oculares, fracturas, daños en órganos vitales e incluso la muerte. No es una pieza de colección ni un juguete bélico, sino un proyectil mortal que ha sido requisado históricamente por redes delictivas, narcotráfico y crimen organizado. Como señaló Óscar Gatica, de la importadora Armarket, “estas granadas sudamericanas fragmentan con TNT; son buscadas y peligrosas”.
Frente a este escenario, Cordero no hizo concesiones. Su llamado fue claro: reforzar los operativos en terminales de buses, paraderos y controles fronterizos. “Tenemos mecanismos profundizados para el sistema fronterizo —dijo—, especialmente en la macrozona norte, pero esto deja claro que aún falta.” El ministro admitió que las fuerzas de seguridad ya han implementado medidas tras experiencias anteriores, aunque no detalló cuáles para no comprometer tácticas operativas.
El caso, sin embargo, arroja una pregunta inquietante: si esta granada fue solo una más en una serie de detecciones, ¿cuál es el real volumen de tráfico explosivo en la zona norte? ¿Qué tan fácil es que estas armas crucen las fronteras en vehículos comunes como buses de pasajeros?
Contexto legal y sanciones:
- En Chile, la Ley N.º 17.798 (Ley de Control de Armas) prohíbe explícitamente la tenencia, el porte o transporte de explosivos sin autorización.
- Según esa legislación, quien porte armas o explosivos sin autorización arriesga penas de 1 a 5 años de reclusión o presidio.
- Con la reciente Ley 21.556, se endurecieron las sanciones si el delito se comete en lugares altamente concurridos, como medios de transporte público.
- Asimismo, el Decreto 83 del Ministerio de Defensa establece que la posesión de artefactos como granadas está prohibida para civiles.
- En caso de material bélico (como granadas), los agravantes legales pueden incrementar significativamente la pena.
Cuando el bus partió de Iquique, ninguno de sus pasajeros sospechaba que entre sus asientos circulaba una bomba dormida. Lo que para algunos era un simple viaje de cabotaje, para otros era la vuelta de una partida peligrosa. El silencio atento de los fiscalizadores en Quillagua se rompió por algo más que preguntas: se fracturó por el peso de una amenaza.
Luis Cordero, alzando la voz, no solo exigió más fiscalización, sino que lanzó una advertencia cruda: la seguridad no puede depender solo de inspecciones fortuitas, sino de un sistema permanente y vigilante. Porque si una granada puede viajar oculta bajo un asiento, la frontera misma parece una grieta abierta por donde pueden cruzar los esqueletos de un crimen preparado para estallar.
