A una semana del crimen ocurrido en la cárcel de La Serena, donde un interno asesinó a su compañero de celda y posteriormente cometió un acto de canibalismo, la familia del imputado entregó su versión de los hechos y responsabilizó a Gendarmería de Chile por no haber atendido oportunamente los problemas de salud mental del joven.
El autor del hecho fue identificado como Manuel Ignacio Fuentes Martínez, quien cumplía condena por robo con intimidación. Sus padres afirman que su estado psicológico era conocido por el sistema penitenciario y que existían antecedentes médicos formales.
En entrevista con Meganoticias, el padre del interno sostuvo que su hijo necesitaba medicación y atención especializada, pero que nunca recibió un tratamiento adecuado.
Según su familia, el deterioro mental del joven fue evidente durante meses y no se tomaron medidas preventivas.
ACUSACIÓN CONTRA GENDARMERÍA
De acuerdo con el testimonio del padre, el interno presentaba episodios de autolesiones y conductas descompensadas dentro de distintos recintos penitenciarios. Además, tras una fuga ocurrida en 2023 y varias sanciones disciplinarias, fue sometido a aislamiento, lo que habría agravado su condición.
El hombre aseguró que realizaron reiteradas solicitudes de ayuda a las autoridades penitenciarias sin obtener respuestas concretas. “Nos prometieron apoyo médico y nunca llegó. Esto se pudo evitar si hubieran intervenido a tiempo”, señaló.
También expresó temor por la vida de su hijo tras el violento episodio, afirmando que siempre tuvo miedo de que pudiera hacerse daño a sí mismo.
PETICIÓN DE PERDÓN A LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA
Por su parte, la madre del imputado, Paola Martínez, se dirigió públicamente a los familiares del interno fallecido, Felipe Sebastián Sepúlveda Ramos, para expresar sus disculpas.
Pidió perdón por lo ocurrido y aseguró que su hijo no actuó de manera consciente, sosteniendo que existen razones médicas y psicológicas que deben ser investigadas.
Además, envió condolencias a la familia de la víctima y manifestó su deseo de que se esclarezcan las circunstancias que rodearon el crimen.
El caso ha generado conmoción pública y volvió a instalar el debate sobre la atención en salud mental dentro de los recintos penitenciarios y la responsabilidad institucional frente a internos con diagnósticos psiquiátricos previos.
