En un trámite administrativo de máxima celeridad, la Contraloría General de la República concretó la toma de razón del decreto promulgatorio de la Ley N°21.806. El proceso jurídico se resolvió este miércoles 4 de febrero, completándose en la misma jornada en que el documento fue remitido desde el Tribunal Constitucional. Esta validación legal permite dar curso al reajuste de remuneraciones destinado a los trabajadores del aparato estatal, asegurando que el beneficio económico pueda ser implementado a la brevedad en las planillas mensuales.
Respecto a la composición del incremento salarial, la nueva normativa fija un alza total del 3,4% para los funcionarios que se desempeñan en el sector público. El mecanismo de aplicación será de carácter parcial, dividiéndose en dos etapas clave para los beneficiarios. La primera fase contempla un 2,0% con efecto retroactivo al mes de diciembre de 2025, mientras que el 1,4% complementario se integrará formalmente a las remuneraciones a partir de junio de 2026, completando el esquema de aumento escalonado.
Finalmente, la rapidez operativa del organismo fiscalizador busca evitar retrasos administrativos en la actualización de los sueldos fiscales. Al concluir la revisión de legalidad de la Ley N°21.806, el Ejecutivo queda totalmente habilitado para realizar la publicación correspondiente en el Diario Oficial. Con este paso se cierra el ciclo legislativo, permitiendo que los pagos pendientes del año anterior se ejecuten bajo los nuevos montos y las bonificaciones establecidas por la normativa vigente.
