Tras meses operando con un margen de ventas reducido a ceviches y empanadas por falta de cadena de frío, los locatarios de la caleta apuestan a una resolución sanitaria que permita diversificar sus platos. Este jueves, la cita con la Autoridad Sanitaria definirá la instalación de cuatro mesas por local y la regularización de servicios básicos para dejar atrás la crisis.
El emblemático polo gastronómico de Caleta Los Verdes vive horas cruciales. Tras el ultimátum del Primer Juzgado de Policía Local y las duras fiscalizaciones por falta de patentes y resoluciones sanitarias, los ocho locatarios afectados parecen haber encontrado una vía de escape para evitar la desaparición de su fuente laboral.
El avance más reciente se gestó en el municipio, actual propietario del terreno donde se emplazan los stands. Tras años de «limbo administrativo«, la municipalidad solicitó formalmente la factibilidad a la empresa eléctrica, cuyo gerente se comprometió a entregar una respuesta en un plazo de apenas 48 horas. Este paso es fundamental para regularizar el suministro y cumplir con las normativas básicas de funcionamiento.
El «Pacto de Salud»: Cuatro mesas y condiciones sanitarias
El foco de atención se traslada ahora a la oficina del Seremi de Salud, David Valle. Los dirigentes de la Cooperativa Comercializadora, encabezados por Humberto Véliz, mantienen altas expectativas para la reunión de este jueves. El plan de trabajo contempla una resolución con exigencias específicas que permitiría a los locales volver a operar legalmente:
- Capacidad limitada: Se autorizaría la instalación de hasta cuatro mesas por local.
- Infraestructura sanitaria: Para subsanar la falta de baños, los locatarios podrán presentar convenios con restaurantes establecidos al frente para el uso de clientes, mientras mantienen baños internos exclusivos para el personal.
«Esperamos que todo funcione y los plazos se cumplan para poder atender al público de la mejor manera. Detrás de esto hay ocho familias que dependen de esto a diario«, señaló la dirigencia tras las gestiones previas.
La presión judicial de la magistrada Sciaraffia
Esta celeridad en las autoridades regionales y municipales no es casual. La jueza Antonella Sciaraffia ha sido tajante: si bien su objetivo es «no generar un problema social», el Plan Regulador define el área como espacio verde, y la falta de permisos sanitarios es un riesgo para la salud pública que no puede ignorarse.
La magistrada ha «apretado el acelerador», obligando al Gobernador Regional, José Miguel Carvajal, y al Delegado Presidencial, Pedro Medalla, a comprometer medidas concretas de apoyo técnico y financiero para ordenar el sector, que hoy muestra una imagen desoladora con escaso flujo de turistas en plena temporada estival.
Un futuro entre la reubicación y la formalidad
Pedro Medalla ha sido enfático en que la prioridad es la seguridad sanitaria, sin descartar una reubicación definitiva a un terreno municipal donde los locatarios puedan construir un terminal propio. Por ahora, el compromiso de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), las Seremis de Energía, Economía y Salud, junto a la Municipalidad, es destrabar los «nudos críticos» antes de la inspección final programada para la segunda quincena de diciembre.
Los locatarios esperan que la resolución de Salud sea el «salvavidas» que les permita terminar el verano 2026 trabajando, dejando atrás la informalidad que casi les cuesta el cierre definitivo.
