El futuro de los ocho locales en la Caleta Los Verdes de Iquique pende de un hilo, con sus operadores temiendo una inminente reubicación forzada o clausura, debido al plan regulador comunal que define ese espacio como lugar espacio público. La jueza del Primer Juzgado de Policía Local, Antonella Sciaraffia, intercedió en el proceso, buscando una alternativa definitiva para las familias antes de tomar una decisión que genere un «problema social».
LA VOZ DE LOS LOCATARIOS: PREOCUPACIÓN POR LAS OCHO FAMILIAS
Sin perder las esperanzas de una buena solución a la situación y la disposición de la magistrada, Humberto Véliz Alvarado, presidente de la Cooperativa Comercializadora de Caleta Los Verdes, expresó el temor de su gremio: «La voluntad de las autoridades es poder brindarnos el apoyo que necesitamos… ya que son ocho familias las que dependemos de eso a diario«.
En ese sentido, Véliz confirmó que están dispuestos a actuar: «Los plazos que se están dando por parte de la magistrada y el Servicio de Salud están más que claros… nosotros ahora que tenemos que golpear las puertas necesarias para que nos puedan dar los permisos que necesitamos para continuar en el lugar». Agregó que «no queremos por nada del mundo que estos locales se cierren porque generamos hartos empleos«.
También expresó su opinión ante el tema, Rina Urrutia, locataria del sector “para nosotros es incómodo esto, porque hemos estado detrás de las autoridades”. además, “nosotros tenemos familias. Nosotros tenemos muchas cosas buenas, a la gente le gusta ir ahí, porque es mejor la comida y es más rápido”.
LA POSTURA DE LAS AUTORIDADES Y LA OPOSICIÓN DE INVERSIÓN
Por su parte, Óscar Ibarra Barrera, encargado del borde costero de la comuna Iquique, se centró en el compromiso municipal. «Hoy día las autoridades, hoy día el municipio no debe dejarlos de lado«.
Ibarra mencionó que existía una solución de reubicación viable: «Sí el municipio tiene un terreno que puede ser entregado a la gente del sindicato para que ellos puedan construir su terminal».
Sin embargo, en la audiencia se contrastó la situación de los locatarios con la falta de compromiso para ejecutar soluciones existentes. Un representante del municipio señaló que se les estableció un presupuesto para un proyecto específico, pero «finalmente ellos no pudieron asumirlo porque no están dispuestos a invertir tampoco«. Agregó que «si hubiese voluntad, podría haber un proyecto que ya se desarrolló que lo podrían tomar los privados».
DECISIÓN JUDICIAL Y CRISIS SANITARIA
La inestabilidad se origina en que el Plan Regulador definió el actual emplazamiento de los locales como área verde, lo que exige que sean reubicados.
La situación se agrava por los graves incumplimientos sanitarios constatados, ya que los locales no tienen patentes ni resolución sanitaria. La Seremi de Salud, David Valle, detalló que las inspecciones arrojaron condiciones sanitarias precarias, incluida contaminación cruzada.
En esa línea, el Seremi fue tajante: «Si yo en esos momentos hubiese tenido a alguien de alimentos nosotros cerramos y prohibimos inmediatamente el funcionamiento de esos establecimientos por un riesgo a la salud pública«.
Las autoridades competentes tienen plazo hasta la segunda quincena de diciembre para realizar una inspección final. La jueza concluyó que, si bien la clausura es obligatoria si no hay solución de patente y permiso sanitario, la meta de ella es «no tener que generar un problema social», y espera que las familias afectadas encuentren una solución definitiva para este problema.
