- Los senadores Luz Ebensperger, Pedro Araya, Paulina Núñez, Luciano Cruz-Coke y Alfonso de Urresti presentaron el proyecto de ley titulado “Moción de protección de antecedentes en proceso penal”, el cual busca sancionar penalmente a quienes filtren, difundan o publiquen información contenida en investigaciones penales declaradas como reservadas.
La iniciativa ha generado controversia, ya que se presenta en un contexto donde diversos medios de comunicación han revelado antecedentes clave en casos de alta connotación pública, como el denominado Caso Audio y el caso ProCultura, que involucran a figuras del mundo político. Los parlamentarios argumentan que la filtración de este tipo de antecedentes ha afectado a instituciones y personas, y que es necesario proteger el curso de las investigaciones judiciales.
- No obstante, según información de La Tercera, si este proyecto ya estuviera en vigor, ningún periodista en Chile podría informar sobre diligencias en curso (casos reservados).
En este marco, varios medios nacionales han calificado la iniciativa como una “Ley Mordaza 2.0”, recordando que en 2016 ya se intentó legislar en un sentido similar, a raíz de los casos Penta y SQM. En ese entonces, se propuso sancionar no solo a los funcionarios públicos que filtraran antecedentes reservados, sino también a los medios que los publicaran, incluyendo evidencias como peritajes, chats y declaraciones.
¿QUÉ DICE EL TEXTO?
El texto plantea una modificación al Código Procesal Penal. En particular, busca sustituir el inciso final del artículo 226 J por el siguiente: “El que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo”.
- Esto significaría penas de cárcel para quienes den a conocer información de una causa en desarrollo, incluso si se trata de hechos de interés público.
MUNDO PERIODÍSTICO
La propuesta ha encendido las alarmas en el mundo del periodismo, ya que históricamente los medios de comunicación han jugado un rol clave en la fiscalización del poder y la denuncia de hechos de corrupción. Casos emblemáticos en Chile han sido destapados gracias a filtraciones periodísticas que permitieron el escrutinio público, favoreciendo la transparencia y fortaleciendo la democracia.
El debate ahora se centra en encontrar un equilibrio justo entre proteger las investigaciones penales y resguardar el derecho fundamental de la sociedad a ser informada, especialmente cuando lo que está en juego es la probidad del mundo político y la confianza ciudadana.
