Una insólita y alarmante situación quedó al descubierto tras la liberación de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado por su supuesta implicancia en el homicidio calificado del comerciante José Felipe Reyes Ossa (43), ocurrido el pasado 19 de junio en Ñuñoa.
Ferrer, ciudadano venezolano, fue dejado en libertad luego de que Gendarmería de Chile recibiera un oficio que ordenaba revocar su prisión preventiva. Sin embargo, la orden que motivó su excarcelación habría sido falsificada, según lo que se indaga actualmente en el Ministerio Público.
El documento, presuntamente firmado por la jueza Irene Rodríguez Chávez del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, indica: «Se ha dejado sin efecto la(s) medida(s) cautelar(es) respecto del imputado FERRER RAMIREZ OSMAR ALEXANDER … Medida(s) cautelar(es) que se dejan sin efecto: Prisión Preventiva y Ordena Libertad». La supuesta resolución judicial habría sido recibida por Gendarmería en el CDP Santiago I, lo que motivó el cumplimiento inmediato de la orden sin mayores cuestionamientos.
Ferrer había sido formalizado el pasado 9 de julio por el crimen de José Felipe Reyes, asesinado a tiros a la salida de un edificio en Ñuñoa. Según la Fiscalía, el hecho respondería a un encargo criminal por el que se habrían pagado $30 millones, y los detenidos, entre ellos Ferrer, estarían relacionados con el Tren de Aragua, la temida organización criminal de origen venezolano con operaciones en nuestro país.
La liberación del imputado generó un inmediato operativo para lograr su recaptura, el cual continúa en curso. Por ahora, se desconoce el paradero de Ferrer, lo que enciende las alarmas respecto al eventual riesgo de fuga.
La Fiscalía abrió una investigación penal para esclarecer el origen y legalidad del documento que permitió la liberación. Se evalúa la comisión de delitos como falsificación de instrumento público y alteración dolosa de sistemas informáticos.
GENDARMERÍA DE CHILE EMITIÓ UNA DECLARACIÓN SOBRE EL HACKEO
Tras la liberación de Ferrer Ramírez, Gendarmería de Chile emitió una declaración pública en la que confirmó que actuó conforme al procedimiento habitual y descartó cualquier tipo de irregularidad interna.
A través de un comunicado, la institución precisó que, luego de revisar sus redes internas, no se detectó vulneración alguna a sus sistemas informáticos, desestimando así la posibilidad de un hackeo o acceso externo fraudulento a sus plataformas.
De igual modo, se señaló que la orden de excarcelación fue recepcionado el 10 de julio a través de los canales regulares del sistema.
“La institución penitenciaria pondrá a disposición del Ministerio Público toda la información, en razón de la investigación que se ha abierto al respecto”, dice el escrito.
