El Gobierno de Chile decidió retirar de la Contraloría General de la República de Chile un decreto que buscaba modificar el reglamento asociado a la Ley Karin, normativa que regula los procedimientos para investigar denuncias de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo.
La medida generó inmediatas reacciones en el ámbito político, ya que el documento contemplaba ajustes a las directrices que rigen este tipo de investigaciones, en un contexto marcado por la reciente implementación de la ley.
CRÍTICAS POR POSIBLE DEBILITAMIENTO DE PROTECCIONES
Desde la oposición, la diputada Ana María Gazmuri cuestionó duramente la decisión, señalando que la retirada del decreto podría significar un retroceso en la protección de las víctimas, especialmente al eliminar cambios que buscaban reforzar la obligación de investigar estos casos.
La polémica surge además por el momento en que se toma la decisión, ya que ocurre en medio de la aplicación de la normativa, lo que, según críticos, podría generar incertidumbre en los mecanismos de resguardo para trabajadores y trabajadoras.
Por su parte, desde la administración anterior se indicó que las modificaciones propuestas apuntaban a fortalecer aspectos clave como la perspectiva de género, el debido proceso y evitar la revictimización, en base a la experiencia recogida durante el primer año de vigencia de la ley.
GOBIERNO ASEGURA REVISIÓN Y NO RETROCESO
Desde el Ejecutivo actual, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, explicó que la normativa sigue vigente y que no se han eliminado las obligaciones de investigar denuncias, descartando que exista un debilitamiento de la ley.
Según detalló, la decisión busca revisar el contenido del decreto presentado al final del gobierno anterior y avanzar hacia una nueva propuesta que garantice una implementación más efectiva.
En esa línea, afirmó que el proceso incluirá la participación de distintos actores, con el objetivo de fortalecer la protección de las personas y asegurar que el reglamento cumpla adecuadamente con el espíritu de la Ley Karin.
El debate continúa abierto, en medio de visiones contrapuestas sobre si la medida representa una mejora técnica o un posible retroceso en la defensa de los derechos laborales.
