La justicia laboral de Iquique ratificó la validez de los procesos internos de la Dirección de Vialidad, al rechazar una demanda por vulneración de derechos fundamentales. La acción judicial, presentada por un profesional que acusaba una supuesta «degradación» tras ser removido de su cargo de jefatura, fue desestimada debido a que no se acreditaron indicios de discriminación ni daño moral. El fallo confirma que la institución actuó conforme a sus atribuciones legales al reasignar al funcionario a tareas de menor jerarquía.
El tribunal fue enfático en señalar que el demandante no logró probar que la rebaja de grado y el cambio de funciones fueran actos arbitrarios. Por el contrario, la sentencia subraya que estas decisiones son propias de la facultad de mando del órgano administrativo, las cuales gozan de una presunción de legalidad mientras estén debidamente fundadas en los requerimientos del servicio público.
ANÁLISIS DE PRUEBAS Y NORMATIVA PÚBLICA
El Juzgado del Trabajo de Iquique señaló que «no se demostró de manera suficiente indicio alguno que cumpla los requisitos de plausibilidad o suficiencia y que genere en el juzgador, al menos, una sospecha fundada«.
Respecto al informe psicológico que intentó acreditar un impacto emocional, el tribunal desestimó su valor probatorio al detectar que el documento no especificaba la duración del tratamiento ni la cantidad de entrevistas realizadas. Además, la resolución recordó que el Estatuto Administrativo es claro al señalar que los sueldos y grados deben ser coherentes con la importancia de la función desempeñada, validando así el ajuste remuneratorio.
La Sentencia Definitiva, respecto a la naturaleza del cambio administrativo, sostuvo que «la Resolución Exenta expresa las razones por las cuales se requiere que el funcionario desempeñe una labor de grado inferior, decisión que carece de arbitrariedad o de algún viso de discriminación«.
