Con un 78% de respaldo ciudadano, el «gobierno de emergencia» inicia la construcción de muros, zanjas y torres de vigilancia. Sin embargo, la geografía hostil, la corrupción en Bolivia y el control del Tren de Aragua sobre los «coyotes» surgen como obstáculos críticos para el control total de la migración irregular.
En los primeros 90 días de mandato, el gobierno de José Antonio Kast ha puesto en marcha su apuesta más ambiciosa: el Plan Escudo Fronterizo. La iniciativa, que busca frenar un flujo migratorio que en 2024 mantenía a más de 336 mil personas en situación irregular en Chile, pretende transformar la frontera norte en una barrera tecnológica y física. No obstante, expertos y autoridades advierten que el éxito del plan depende de superar barreras que van mucho más allá de lo material.
Un muro tecnológico y físico
El plan contempla una intervención sin precedentes en la zona limítrofe:
- Infraestructura: Construcción de cercos perimetrales, muros, pretiles y el cavado de zanjas (superando el fallido intento de 100 metros de 2017).
- Vigilancia: Despliegue de radares térmicos, sensores infrarrojos, drones y torres de control.
- Presencia humana: Un aumento significativo de efectivos militares y policiales.
Pese a que la encuesta Panel Ciudadano UDD revela que el 78% de la población apoya estas medidas, la geografía impone su propia ley. Con 860 kilómetros de frontera con Bolivia y 169 con Perú, la propia ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ha sido cauta: «Cerrar la frontera es geográficamente imposible. Es imposible tener a un militar por cada metro».
Los «Coyotes» y el Tren de Aragua
Uno de los mayores desafíos es el carácter dinámico del tráfico de personas. Cuando el control aumenta en Colchane, los cruces se desplazan a zonas como Pisiga Carpa, donde el riesgo de muerte por hipotermia es extremo.
Investigaciones de las fiscalías de Arica y Tarapacá confirman que este no es un fenómeno espontáneo. Los «coyotes» —que cobran hasta 100 dólares solo por el cruce desde Pisiga Bolívar— suelen depender de estructuras criminales como el Tren de Aragua. Para el crimen organizado, la frontera es un negocio lucrativo que se adapta constantemente: si una puerta se cierra, ellos abren otra.
El factor Bolivia y la corrupción
El éxito del plan también choca con la realidad institucional del país vecino. El informe 2025 del Departamento de Estado de EE.UU. fue lapidario al señalar que Bolivia no cumple con los estándares mínimos contra la trata de personas. La complicidad oficial es una herida abierta: recientemente, cinco policías bolivianos fueron sindicados como parte de una red de cobros ilegales para facilitar el ingreso de migrantes a Chile.
El nudo legislativo y el costo de expulsar
El gobierno de Kast busca enfrentar dos obstáculos internos de gran peso:
- Cambio en la Ley: Actualmente, el ingreso por pasos no habilitados es una falta administrativa. El Ejecutivo busca tipificarlo como delito para desincentivar el cruce.
- Presupuesto: Frank Sauerbaum, director del Servicio Nacional de Migraciones, advirtió que existen más de 37.500 órdenes de expulsión vigentes. Con un costo de $3 millones por persona, la ejecución total requeriría un presupuesto extraordinario que hoy está en manos del Congreso.
«Chile los va a enfrentar«, sentenció el mandatario este lunes, aludiendo a los traficantes de migrantes. El «Escudo Fronterizo» es hoy la prueba de fuego para un gobierno que prometió orden, pero que debe lidiar con una de las fronteras más porosas y complejas del continente.
