La noche del martes 21 de octubre, la ciudad de Colchane fue testigo de un hecho sin precedentes: una comitiva de la Contraloría General de la República (CGR) irrumpió en sus sistemas fronterizos, escáneres y zonas de control, como parte de la nueva estrategia de su titular, Dorothy Pérez. Su misión: destapar fallas estructurales en puertos, aduanas y tránsito fronterizo que podrían estar permitiendo el paso de irregularidades a gran escala.
La operación llega como continuación de su conocida investigación sobre licencias médicas fraudulentas y, según fuentes de Ex Ante, ya ha puesto en marcha un nuevo informe que abarcará, además de los recintos aduaneros, proyectos de obras públicas inconclusas, viviendas fiscales usadas indebidamente y beneficios sociales que llegaron a personas con altos ingresos.
Un mapa de fuego: las áreas que ahora están en la mira
Aduanas y puertos
La Contraloría ordenó una inspección masiva a lo largo del país, comenzando por Arica, Iquique y Antofagasta, centrando el primero de los golpes en Colchane.
El foco: sistemas tecnológicos de control migratorio y antinarcóticos, escáneres, body-scanners y la operatividad de los recintos. La pregunta es clara: ¿qué tan vulnerables somos ante el paso de mercaderías, personas o fondos sin control?
Obras públicas inconclusas
Tras su fuerte golpe sobre las licencias médicas fraudulentas, Pérez no baja la guardia y ahora exige a organismos públicos reportes bajo su nuevo formato CIC (Información Circularizada) sobre proyectos pagados que quedaron a medias o con plazos vencidos. El objetivo: saber quién pagó, qué obra se quedó sin terminar y por qué.
Viviendas fiscales y beneficios sociales a altos ingresos
La Contraloría ya identificó casos donde viviendas estatales fueron asignadas por largos años a personas sin justificar su uso, o con canon irrisorio. Asimismo, Pérez ha advertido que subsidios destinados a los más pobres están llegando a quienes “no cumplen requisitos”.
¿Por qué este nuevo envión de fiscalización?
La ratificación de Dorothy Pérez como contralora general este pasado 4 de noviembre de 2024, donde se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo en los 97 años de historia de la institución, le dio un sello claro: transparencia, control y cruces masivos de datos. Su estrategia ha sido descrita como “menos retórica, más reportes” y no duda en aplicar auditorías que abarcan miles de registros simultáneos.
La revelación del informe que detectó que más de 25.000 funcionarios públicos habrían salido del país mientras tenían licencia médica marcó un antes y un después.
Ahora, Pérez avanza con ese impulso hacia nuevos frentes donde el costo para el Estado puede ser aún más alto.
Qué significa para la ciudadanía
- Si usted vive o transita por zonas de frontera, aduanas o recintos portuarios, prepárese: podría haber controles reforzados y nuevos protocolos que afecten flujos vehiculares y de transporte.
- Si trabaja en el sector público o en concesiones de obras, es momento de revisar cumplimiento claro de contratos, plazos y pagos: la lupa contralora ya está puesta.
- Si recibe beneficios sociales, subsidios o habita viviendas estatales, tenga claridad de sus condiciones: el escrutinio a quiénes y cómo se entregan estos recursos aumentará.
- Para la opinión pública, se avecina un periodo en que la frase “nadie está exento de rendir cuentas” dejará de ser solo un eslogan.
Lo que sigue
Según datos recogidos por Ex Ante y otros medios, la Contraloría ya tiene más de 30 procesos en curso que se derivan del modelo de fiscalización cruzada que activó Pérez. Los próximos meses podrían traer un informe consolidado para licencias médicas, al que se sumarán los resultados de los análisis de aduanas, obras y viviendas fiscales.
El mensaje es claro: se acabó la impunidad estructural, y el ojo vigilante de la Contraloría apunta hacia todos los rincones.
