Un levantamiento nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades reveló que más de una decena de Cesfam presentan retrasos de entre 6 y 69 meses, con casos críticos como Calama, donde una obra programada para 2019 sigue inconclusa. La revisión surge tras el informe de Contraloría que detectó más de 500 obras públicas sin terminar y 800 con contratos finalizados anticipadamente, afectando directamente la atención primaria en regiones como Antofagasta, Los Ríos, Atacama, RM, Biobío y Los Lagos.
Por momentos, recorrer Chile es recorrer sus heridas abiertas: esqueletos de edificios que jamás se habitaron, pasillos de Cesfam que nunca recibieron pacientes y estructuras que se levantan como recordatorios silenciosos de lo que podría haber sido. En Calama, por ejemplo, un gigante de concreto lleva 69 meses mirando el desierto sin terminar de despertar. Es el Cesfam que debió inaugurarse en junio de 2019 y que hoy se ha convertido en el símbolo más brutal del retraso en obras públicas de salud.
Pero aquella no es una excepción. Es la regla.
Un informe recién elaborado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) —y detonada por el escándalo que abrió la Contraloría al revelar más de 500 obras públicas inconclusas en la última década— expone lo que alcaldes de todo el país vienen advirtiendo en voz baja: Chile tiene un problema estructural con la salud primaria, un engranaje oxidado que está fallando a millones de personas.
Una cartografía del abandono
La AChM se dio a la tarea de revisar, una por una, las obras de salud a lo largo del territorio. Lo que encontraron no es un simple atraso administrativo: es un patrón, una “epidemia de retrasos” marcada por burocracia, falta de financiamiento, contratos terminados antes de tiempo y gestiones torcidas por la inercia estatal.
En el mapa del desastre aparecen:
- Calama (Antofagasta): 69 meses de atraso. Una obra atrapada entre informes pendientes y falta de avance físico.
- Niebla (Los Ríos): 12 meses de retraso porque aún no se reubican dependencias claves para avanzar.
- Santiago: El Cesfam Erasmo Escala, diseñado para recibir a 30 mil usuarios, suma demoras inexplicables.
- Atacama: Tierra Amarilla y Huasco Bajo también quedaron rezagados, mientras Castro postergó su inicio de obras hasta 2026.
- Melipilla: Un Cesfam que está al 95%… y abandonado porque la empresa constructora quebró.
- Osorno, Viña del Mar, Molina, El Monte, Maipú, Biobío: distintas versiones del mismo guion repetido.
Cada retraso implica lo mismo: plazas sin habilitar, box médicos vacíos, comunidades enteras obligadas a seguir esperando atención.
El costo invisible: vidas en pausa
El informe de la comisión de Transportes y Obras Públicas de la AChM es tajante:
“Los retrasos varían por proyecto, pero en general se extienden meses, incluso años, afectando la ejecución presupuestaria y la atención en los servicios médicos”.
Y agrega algo más profundo:
“Este tipo de situaciones instala un retraso sistémico: proyectos pensados para 1 o 2 años se alargan en un 50% o 100% debido a la burocracia. Eso afecta directamente a millones de personas que esperan atención”.
Cada mes de atraso no es solo un registro en una planilla. Es una mamá que espera un pediatra. Un adulto mayor sin control farmacológico. Un barrio sin sala de urgencias.
La salud primaria no se atrasa sola: arrastra consigo a la comunidad entera.
La burocracia como enfermedad crónica
El presidente de la AChM y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, lo resume con brutal claridad:
“Lo que vemos aquí es un Estado que dejó que la atención primaria se quedara atrapada en su propia burocracia. Cuando tienes un Cesfam con seis años de retraso o un proyecto abandonado al 95%, lo que está en juego no es una obra pública: es la salud cotidiana de millones”.
El diagnóstico es demoledor: la red de salud primaria está fallando porque su infraestructura está detenida. Y está detenida porque el Estado funciona con tiempos que la vida real no puede esperar.
A esto se suma otro dato que dejó la Contraloría: los servicios que acumulan las mayores inversiones sin finalizar incluyen al Servicio de Salud Metropolitano Sur ($279 mil millones sin concluir), la JUNJI ($49 mil millones), el Serviu Biobío ($40 mil millones) y el Servicio de Salud Osorno ($25 mil millones).
Una bomba de tiempo financiera y social.
Recomendaciones para que el país no siga fallando
El estudio municipal concluye con un paquete de propuestas que, si bien no resuelven el problema de la noche a la mañana, intentan frenar la hemorragia:
- Optimizar la coordinación entre organismos del Estado para evitar que los procesos se estanquen.
- Crear auditorías contractuales permanentes, con capacidad de intervención temprana.
- Establecer fondos de contingencia para que imprevistos no congelen proyectos críticos.
- Mejorar el monitoreo, considerando el complejo escenario fiscal que se proyecta para 2026.
No son ideas nuevas, pero nunca han sido tan urgentes.
La radiografía final: un país que no puede seguir esperando
Mientras el desierto sigue mirando el esqueleto del Cesfam de Calama y los vecinos de Melipilla preguntan por qué su centro —casi terminado— quedó abandonado, alcaldes, concejales y equipos de salud coinciden en lo mismo: no hay obra pública más importante que aquella que sostiene la salud primaria.
Y hoy, demasiadas están suspendidas en el tiempo.
Chile no solo tiene obras detenidas. Tiene vidas detenidas. Y la pregunta que queda flotando es la misma en cada región: ¿Quién se hace cargo del costo humano de estos 69 meses, 18 meses, 12 meses… o de todos los que vendrán si no cambia la historia?
