La decisión del Gobierno de Chile de paralizar la renovación anticipada de la concesión de la Zona Franca de Iquique (ZOFRI) hasta el año 2050 fue el resultado de una escalada de tensiones políticas y territoriales que se intensificó entre febrero y marzo de 2026.
El proceso, que buscaba asegurar inversiones por más de $115 mil millones, terminó envuelto en cuestionamientos por falta de transparencia, centralismo en la toma de decisiones y la continuidad de un modelo de negocios considerado agotado por autoridades regionales.
La controversia no solo enfrentó a la administración de ZOFRI con actores locales, sino que también evidenció un quiebre entre el nivel central y las regiones de Tarapacá y Arica-Parinacota, obligando al Ejecutivo a suspender la iniciativa y dejar su definición en manos de la próxima administración.
MODELO CUESTIONADO Y PRESIÓN REGIONAL
El principal foco del conflicto fue la crítica al actual esquema de funcionamiento de ZOFRI, que —según autoridades locales— no responde a los desafíos logísticos ni productivos del norte de Chile y mantiene una estructura excesivamente centralizada.
El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, encabezó la oposición al proceso, argumentando que la prórroga significaba perpetuar un sistema que limita el desarrollo regional.
“La renovación de la concesión de Zofri S.A. prolonga un modelo agotado y frena la posibilidad de convertirnos en un polo logístico competitivo. No podemos aceptar este centralismo brutal que decide el futuro de nuestra región desde Santiago sin escucharnos”, afirmó.
El edil además solicitó formalmente la nulidad de los acuerdos adoptados en la junta de accionistas que aprobó inicialmente el plan de inversiones.
“Lo que corresponde es la nulidad de la junta y los acuerdos tomados. El Gobierno ha decidido que esto quedará para la próxima administración”, sostuvo.
ARICA TAMBIÉN SE OPONE A LA PRÓRROGA
La oposición al proceso no se limitó a Tarapacá. Desde Arica, el gobernador regional Diego Paco cuestionó duramente que la extensión de la concesión no garantizara inversiones reales para la zona franca industrial de su región.
“La Zofri es de Arica e Iquique, no solo de Iquique. Lo que está ocurriendo finalmente es que la misma Zofri, sus directores y accionistas, con la venia del Ministerio de Hacienda, le están poniendo una lápida a la Zona Franca industrial de Arica”, declaró.
El gobernador acusó que las promesas de industrialización nunca se materializaron.
“Estamos pidiendo condiciones claras para la industrialización, porque las inversiones prometidas nunca llegaron a nuestra región”.
CRONOLOGÍA DE LA POLÉMICA
El conflicto se configuró a partir de una secuencia de decisiones que generaron rechazo transversal en autoridades locales:
- 6 de febrero de 2026: El directorio de ZOFRI S.A. aprobó un plan de inversiones por $115 mil millones, condicionado a la extensión de la concesión con el Estado (vigente hasta 2030).
- 18 de febrero de 2026: En una Junta de Accionistas, el plan fue aprobado con un 95,11% de los votos, gracias al control mayoritario de Corfo. Accionistas minoritarios y autoridades regionales denunciaron falta de información clara y técnica.
- 20 de febrero de 2026: Mauricio Soria solicitó la nulidad de los acuerdos ante la Comisión para el Mercado Financiero, acusando engaños en la entrega de datos públicos.
- 3 de marzo de 2026: El Gobierno del presidente Gabriel Boric resolvió paralizar el proceso, luego de una solicitud directa del equipo del presidente electo José Antonio Kast, dejando la decisión definitiva en manos de la próxima administración.
DECISIÓN POLÍTICA Y FUTURO ABIERTO
Ante el aumento de la presión regional y el clima de confrontación, el Ministerio de Hacienda comunicó la suspensión del proceso de renovación anticipada, señalando que la definición final deberá ser tomada por el gobierno entrante.
Desde ZOFRI S.A. defendieron el proyecto como una oportunidad para asegurar estabilidad económica y empleo, advirtiendo que la postergación genera incertidumbre sobre inversiones estructurales necesarias para competir con otros puertos y plataformas logísticas del Pacífico.
La empresa afirmó que moviliza cerca de US$9.000 millones anuales en transacciones y que solo un 3% de los actores involucrados se opuso realmente a la prórroga.
UNA CRISIS QUE VA MÁS ALLÁ DEL CONTRATO
Más allá de la suspensión administrativa, el debate reveló un problema de fondo: el cuestionamiento al modelo actual de ZOFRI como plataforma logística e industrial para el norte del país.
Para las autoridades regionales, prorrogar la concesión sin cambios estructurales significaba consolidar un sistema centralizado, con beneficios concentrados y promesas de desarrollo industrial incumplidas.
Como expresó el gobernador Diego Paco en una de las sesiones más tensas del proceso:
“No puedo pararme aquí a aplaudir si estoy decepcionado. La confianza en ZOFRI está quebrada”.
VOZ DEL SECTOR EMPRESARIAL: “SE LOGRÓ FRENAR UN ABUSO DE PODER”
A las críticas políticas y regionales se sumó también el mundo empresarial ligado históricamente a la actividad portuaria y aduanera. El empresario y ex presidente del directorio de ZOFRI S.A., Patricio Sesnich Stewart, valoró la suspensión del proceso de renovación como una victoria de la presión social y política regional.
Sesnich, reconocido agente de aduanas y fundador de una de las principales agencias del rubro en Iquique, sostuvo que la paralización de la prórroga fue consecuencia directa de la movilización transversal de actores locales.
“Afortunadamente, después de haber denunciado el hecho y de que se sumaran todos los actores sociales, los partidos políticos, los parlamentarios, el alcalde y las fuerzas vivas de la región, logramos parar ese tema que era un desaguisado y un abuso de poder, además absolutamente ilegal”, afirmó.
El empresario cuestionó además la forma en que se intentó justificar la extensión de la concesión mediante un plan de inversiones que, según dijo, nunca fue conocido públicamente.
“El Ministerio de Hacienda tuvo que reconocer y retirar esto, aun cuando ya había dicho a Corfo que lo aprobado era solo un plan de inversiones, que es medio fantasma porque nadie lo conoce”, señaló.
Sesnich calificó el resultado como un triunfo político y ciudadano para Tarapacá.
“Lo importante es que se ganó la batalla y ahora hay que empezar a conversar con el nuevo gobierno para ver cómo hacemos las cosas en beneficio de Iquique”, concluyó.
Con estas declaraciones, el conflicto por la prórroga de la concesión de ZOFRI suma una nueva dimensión: no solo autoridades políticas, sino también referentes históricos del sector económico regional coinciden en que el proceso debía ser detenido y replanteado desde cero.
La suspensión de la renovación hasta 2050 deja abierto un escenario de negociación con el próximo gobierno, donde el desafío será definir un nuevo modelo de zona franca que responda a las demandas de transparencia, descentralización e industrialización real para el norte del país.
