El Ejecutivo presentó el proyecto de ley de «Reconstrucción Nacional», que busca eximir del impuesto territorial a los mayores de 65 años por su primera vivienda. Mientras el Gobierno defiende el derecho a la propiedad sin cargas eternas, los municipios advierten un impacto crítico en el Fondo Común Municipal y proponen reformar el sistema bajo una lógica de valor de compra.
Durante su reciente visita a la Región del Biobío, el Presidente José Antonio Kast reactivó una de sus promesas de campaña más emblemáticas: el fin de las contribuciones. A través del nuevo proyecto de ley de «Reconstrucción Nacional», el Mandatario busca eliminar gradualmente el impuesto territorial, comenzando por los adultos mayores, bajo el argumento de que es «injusto» seguir pagando por algo que ya es propio.
«Es el derecho de las personas a no pagar un arriendo por lo que es suyo«, afirmó el Jefe de Estado, enfatizando que la primera vivienda de los adultos mayores debe quedar exenta para garantizarles una jubilación tranquila. Por su parte, el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó la medida señalando que el Estado no debe ser un «recaudador» que aceche a quien ya cumplió con su vida laboral y tributaria.
El fantasma del desfinanciamiento municipal
Pese al alivio que significa para las familias, la medida ha encendido las alarmas en los gobiernos locales. El impuesto territorial no es un tributo menor: representa el 54% de los recursos del Fondo Común Municipal (FCM). Solo en el primer semestre de 2025, la recaudación alcanzó los $797.951 millones.
Alcaldes como Felipe Alessandri (Lo Barnechea) y Maximiliano Luksic (Huechuraba) han manifestado su preocupación a través de una carta pública, advirtiendo que, si bien el sistema actual genera tensiones, su eliminación total sin compensaciones adecuadas rompería la equidad territorial. «Las contribuciones son un instrumento fundamental para el financiamiento local«, sostuvieron, llamando a buscar un equilibrio entre la certeza del propietario y la billetera municipal.
El «Modelo Californiano»: ¿La solución intermedia?
En medio de esta tensión, ha surgido con fuerza una alternativa técnica que seduce a varios jefes comunales: el «Modelo de California».
Este esquema propone un cambio radical en la forma de calcular el tributo:
- Valor de compra: El impuesto no se basa en el avalúo fiscal actualizado (que sube según el entorno), sino en el precio real de compra de la propiedad.
- Alzas limitadas: Los incrementos anuales tienen un tope máximo, evitando que una familia se vea obligada a dejar su hogar porque el barrio se valorizó («gentrificación tributaria»).
- Impuesto a la plusvalía: El alcalde de La Reina y presidente de la AMUCH, José Manuel Palacios, sugiere que, en lugar de un cobro permanente, el Estado capte la ganancia al momento de la venta de la propiedad, ampliando el universo de pago más allá del actual 23% que hoy tributa.
Equidad versus Certeza
El debate de fondo planteado por el Ejecutivo es la falta de liquidez. Muchas familias de clase media y adultos mayores poseen una propiedad valiosa pero ingresos bajos. «El sistema transforma la vivienda en una fuente de incertidumbre«, plantean desde el mundo municipal.
El proyecto de ley de Reconstrucción Nacional ahora inicia su camino legislativo, donde la gran tarea será resolver cómo quitarle la carga económica a los mayores de 65 años sin desmantelar los servicios básicos que los municipios prestan a los vecinos más vulnerables.
