En un fallo que expone una negligencia estatal de proporciones, el Décimoquinto Juzgado Civil de Santiago condenó al Servicio de Registro Civil e Identificación a pagar una indemnización de $20.000.000 por daño moral. La sentencia beneficia a un ciudadano aymara y analfabeto, quien durante décadas portó un RUT equivocado entregado por el propio organismo, situación que derivó en una persecución penal injusta en su contra.
La pesadilla administrativa se extendió por casi 20 años. Al intentar renovar su cédula en 1999 y 2005, el servicio no solo le negó el documento, sino que lo denunció ante el Ministerio Público por usurpación de identidad. El tribunal acreditó que el Estado actuó de forma ilegal al no corregir el error pese a tener los antecedentes.
La sentencia manifiesta que “desde el año 2006 el servicio estaba en conocimiento de que la verdadera cédula del demandante correspondía a un número distinto, y solo se inscribió su nacimiento y se otorgó un carnet el año 2023”.
El fallo subraya que el Registro Civil abandonó su deber legal de identificar correctamente a los ciudadanos, tal como lo exige la Ley N°19.477. La justicia determinó que el organismo mantuvo al afectado en una situación de total desprotección civil y jurídica. La sentencia manifiesta que “se puede dar por establecido que el servicio no cumplió con las obligaciones legales indicadas; actuó de manera ilegal al no acreditar ni fundamentar adecuadamente las razones para negar la regularización”.
Finalmente, el tribunal estableció que esta cadena de errores configuró una falta de servicio que impactó profundamente la vida del demandante, quien recién pudo normalizar su situación mediante un recurso de protección. La sentencia manifiesta que “la negligencia del Registro Civil causó un daño moral al afectado y se configuró una falta de servicio, por lo que se estableció la condena de pago de una indemnización de $20 millones”.
