La justicia chilena volvió a condenar al ex brigadier del Ejército y ex agente de la DINA Miguel Krassnoff Martchenko, esta vez a 15 años de presidio, por su responsabilidad en la detención y desaparición forzada de Dignaldo Herminio Araneda Pizzini, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ocurrida en 1974. Con esta nueva sentencia, el ex uniformado supera los mil años de penas acumuladas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
El fallo fue dictado en primera instancia por la ministra en visita extraordinaria Paola Plaza, quien estableció que Krassnoff tuvo participación directa en el secuestro del estudiante universitario, en un contexto de persecución política sistemática liderada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
De acuerdo con los antecedentes judiciales, Araneda Pizzini fue detenido en la madrugada del 10 de agosto de 1974 al interior de una vivienda ubicada en la comuna de La Reina, donde permanecía de manera temporal tras trasladarse desde Concepción a Santiago debido a la represión política de la época. Un grupo de agentes armados ingresó al inmueble, se identificó como personal de la DINA y procedió a su detención sin entregar explicación alguna.
Testimonios incorporados en la investigación permitieron ubicar posteriormente a la víctima en el cuartel clandestino Londres 38, y luego en el recinto Cuatro Álamos, lugar que corresponde al último registro conocido con vida del joven militante. Desde entonces, su paradero continúa siendo desconocido, pese a décadas de búsquedas y acciones judiciales emprendidas por su familia.
Durante el período en que ocurrieron los hechos, Krassnoff integraba la Brigada Caupolicán y encabezaba el Grupo Halcón, estructuras operativas de la DINA involucradas en detenciones ilegales, interrogatorios y desapariciones forzadas. El tribunal acreditó que el procedimiento aplicado a Araneda Pizzini formó parte de un plan represivo organizado, dirigido contra opositores políticos.
La abogada Carolina Vega, representante de los querellantes, valoró la sentencia como un avance relevante en un proceso marcado por el paso del tiempo. “Han pasado más de cinco décadas y recién hoy se obtiene una condena de primera instancia por este secuestro calificado”, señaló, agregando que nuevas penas contra Krassnoff constituyen “un acto de justicia necesario en un contexto donde los derechos humanos siguen siendo desafiados”.
Esta condena se suma al conjunto de fallos que mantienen vigentes los procesos por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, reafirmando el deber del Estado de investigar, sancionar y reparar, aun cuando los crímenes hayan ocurrido hace más de medio siglo.
