El fallo marca un nuevo hito en una de las investigaciones por corrupción pública más relevantes de la macrozona norte, luego que el caso ya acumulara diez personas condenadas por irregularidades relacionadas con contratos de obras de seguridad vial dependientes del Ministerio de Obras Públicas.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica dio lectura a la sentencia del denominado “Caso Vialidad”, causa judicial que investigó una serie de irregularidades vinculadas a contratos de obras de seguridad vial ejecutadas en la región de Arica y Parinacota, y que terminó con condenas contra tres exfuncionarios de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y un profesional ligado a una empresa contratista.
Fue el juez del TOP de Arica, Jairo Martínez, quien entregó detalles respecto de los hechos que el tribunal logró acreditar durante el juicio oral desarrollado en la causa Rol 248-2025, precisando que las condenas alcanzaron a funcionarios públicos que, al momento de los hechos, cumplían labores de inspección y fiscalización de obras viales en la región.
Tribunal acreditó delitos de corrupción pública
Durante sus declaraciones, el magistrado explicó que el fallo estableció responsabilidades penales por delitos de negociación incompatible, cohecho, soborno y lavado de activos, todos relacionados con proyectos de infraestructura vial ejecutados bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas.
“El día de hoy se dio lectura al fallo recaído en la causa 248 del año 2025, en que fueron condenados una serie de funcionarios públicos de la Dirección de Vialidad de Arica a la época de los hechos, así como también un particular relacionado con obras de naturaleza vial”, señaló el juez.
Según detalló el tribunal, los hechos acreditados permitieron establecer que varios de los acusados, quienes ejercían funciones como inspectores fiscales o ITO de contratos públicos, participaron paralelamente en actividades privadas vinculadas a las mismas obras que debían supervisar, situación expresamente prohibida por la legislación vigente.
Inspectores fiscales realizaron actividades ligadas a obras que debían fiscalizar
De acuerdo con la sentencia, tres exfuncionarios públicos incurrieron en el delito de negociación incompatible al intervenir o mantener intereses económicos en iniciativas relacionadas con contratos adjudicados por el MOP en la región.
El juez Martínez explicó que algunos de ellos actuaron como personas naturales o mediante sociedades, desarrollando labores asociadas a proyectos que posteriormente debían inspeccionar en calidad de funcionarios públicos.
“Tomaron interés en obras adjudicadas por el Ministerio de Obras Públicas, realizando actividades relacionadas con aquello que les correspondía fiscalizar, lo que está vedado por la ley”, sostuvo el magistrado.
La investigación encabezada por la Fiscalía de Arica permitió acreditar que estas maniobras buscaban favorecer a empresas contratistas ligadas a obras de seguridad vial, generando conflictos de interés incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Condena por cohecho, soborno y lavado de activos
El tribunal también estableció la responsabilidad penal de otro exfuncionario de Vialidad por el delito de cohecho, luego de acreditarse que recibió dinero a cambio de emitir un informe asociado a sus funciones institucionales.
En paralelo, el profesional vinculado a la constructora San Felipe fue condenado por el delito de soborno, al comprobarse que entregó pagos indebidos al funcionario público involucrado.
Asimismo, el fallo acreditó maniobras destinadas a ocultar el origen y circulación de los dineros utilizados en estos pagos, configurándose además el delito de lavado de activos.
“El particular condenado incurrió en el delito de soborno y además realizó maniobras de ocultamiento del dinero con el que se pagó el soborno respectivo”, explicó el juez del TOP de Arica.
Absoluciones para otros imputados
La causa contempló a siete acusados y diversos hechos investigados. Sin embargo, no todos resultaron condenados.
El tribunal resolvió absolver a varios civiles que también enfrentaban cargos en el marco de esta investigación, luego que no se lograra acreditar su responsabilidad penal en los delitos imputados.
“Se trató de siete imputados en relación también a siete hechos y con diversas participaciones. Tres funcionarios públicos salieron condenados y un particular también fue objeto de condena, mientras que los restantes civiles obtuvieron absoluciones”, indicó Martínez.
Fiscalía destacó alcance del fallo
La investigación fue dirigida por el fiscal jefe de Arica, Cristian Echague, quien durante el juicio presentó pruebas documentales, peritajes y antecedentes financieros que permitieron reconstruir las operaciones irregulares desarrolladas al interior de la Dirección Regional de Vialidad.
Entre los condenados figuran los exinspectores fiscales identificados como J.P.C. y J.L.M., además del exjefe del Subdepartamento de Seguridad Vial S.A.T. y un trabajador de la empresa constructora San Felipe identificado como J.M.S.
La Fiscalía sostuvo que los acusados ejecutaron distintas maniobras para beneficiar a empresas contratistas en procesos vinculados a obras de seguridad vial, obteniendo a cambio beneficios económicos indebidos.
Caso ya suma diez condenados
Con esta nueva resolución judicial, el denominado “Caso Vialidad-MOP” acumula un total de diez personas condenadas, considerando que durante el año pasado otras seis personas ya habían sido sentenciadas en el marco de esta misma investigación por hechos relacionados con corrupción en obras públicas.
El fallo es considerado uno de los procesos judiciales más relevantes en materia de probidad administrativa y corrupción pública registrados en la región durante los últimos años, especialmente por involucrar a funcionarios encargados de fiscalizar recursos destinados a infraestructura vial y seguridad en rutas.
