Una fiscalización de la Contraloría Regional de Aysén reveló una serie de profundos incumplimientos en las obras de ampliación del Liceo Bicentenario Altos del Mackay, dependiente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Aysén. Las dependencias, que albergan diariamente a una matrícula de 391 estudiantes de séptimo básico a cuarto medio, se encuentran actualmente en pleno funcionamiento sin contar con permisos de edificación ni recepción final por parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Coyhaique, encendiendo las alarmas por el eventual riesgo al que se expone la comunidad escolar.
De acuerdo con lo detallado en el Informe Final N°183 de 2026 emitido por el órgano contralor, la nueva estructura de 896 metros cuadrados fue emplazada en un terreno considerado como zona restringida, donde el Plan Regulador Comunal prohíbe de manera expresa la ejecución de este tipo de edificaciones, sumando una falta grave a la planificación urbana local.
La auditoría orientada al resguardo de la infancia evidenció además falencias críticas en materia de seguridad básica, detectando que las instalaciones de electricidad y gas no se encuentran declaradas ni autorizadas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). A esto se añade que el recinto educacional carece de una resolución sanitaria vigente que valide el correcto funcionamiento de las redes de agua potable y alcantarillado.
CUESTIONAMIENTOS A LA SEREMI Y ACCIONES FISCALIZADORAS
A pesar de la evidente falta de certificaciones esenciales, la Contraloría advirtió con preocupación que la Seremi de Educación de la Región de Aysén igualmente procedió a otorgar el Reconocimiento Oficial al establecimiento, ignorando de forma flagrante que la infraestructura no cumplía en lo absoluto con las normativas legales exigidas para operar.
Frente a la gravedad de los antecedentes recopilados, el organismo fiscalizador instruyó formalmente a la Seremi de Educación a implementar de forma urgente mecanismos estrictos de control para certificar que los recintos que reciben reconocimiento estatal cumplan la ley. En paralelo, la entidad remitió la totalidad de la carpeta a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación para que aplique su rol sancionatorio y garantice de inmediato las condiciones de seguridad de los alumnos.
