Tras un exhaustivo análisis de cámaras y peritajes biométricos, la PDI logró ubicar a una mujer de 24 años que confesó la autoría de la carta. Pese a la gravedad de los insultos y amenazas, la imputada —quien alegó que buscaba «ayudar» a la menor a ganar seguidores en redes sociales— fue apercibida bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal debido a que el delito no fue detectado en el momento del acto, quedando a la espera de citación judicial.
Un intenso operativo investigativo liderado por la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI de Talcahuano permitió, en horas de la noche de este viernes, la identificación y ubicación de una mujer de 24 años, sindicada como la autora de una violenta carta de amenazas dirigida a una menor con síndrome de Down.
El caso, que despertó una ola de indignación nacional, dio un vuelco inesperado cuando la imputada —quien no posee antecedentes policiales— confesó su responsabilidad tras caer en una serie de contradicciones ante los detectives.
El rastro de la «mujer de negro»
La investigación se basó en el análisis de registros audiovisuales que mostraban a una mujer vestida íntegramente de negro, con una mochila al pecho, dejando un sobre en el domicilio de la víctima. El subprefecto Hugo Cristi, jefe de la BICRIM Talcahuano, explicó que el uso de «análisis y comparación biométrica» junto al Laboratorio de Criminalística, además del estudio de las vestimentas y accesorios, fue primordial para dar con su paradero.
Inicialmente, la mujer fue citada en calidad de testigo. Según fuentes del caso, durante el interrogatorio entregó cinco versiones diferentes de los hechos, hasta que finalmente confesó ser la autora del escrito.
Una insólita justificación
Lo que más llamó la atención de los investigadores fue el móvil del ataque. La mujer argumentó que su intención era «ayudar» a la menor, creyendo que si la carta se hacía pública, la niña «aumentaría sus seguidores en redes sociales». Con esta declaración, se descarta preliminarmente que el ataque proviniera del entorno escolar o del liceo de la menor, como se sospechó en un principio.
Debido a que la mujer mantendría trastornos de personalidad, el Ministerio Público instruyó que fuera apercibida bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal, quedando en libertad a la espera de citación, al no existir flagrancia.
Medidas de protección e intervención de La Moneda
Pese a su liberación, la justicia determinó medidas estrictas:
- Prohibición de acercamiento: La imputada no puede aproximarse a la víctima ni a su grupo familiar.
- Incautación de evidencia: La PDI confiscó celulares y computadores para realizar peritajes que acrediten científicamente la autoría de la carta.
- Protección familiar: Se otorgó una medida de protección especial para el entorno de la menor.
El impacto del caso llegó hasta el Palacio de La Moneda, donde este viernes la Primera Dama, María Pía Adriasola, recibió a la madre de la estudiante para entregarle el respaldo del Gobierno de emergencia. «Este tipo de actos contra la dignidad de nuestros niños no pueden tener cabida en nuestra sociedad», indicaron desde el Ejecutivo.
