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HITO EN SEGURIDAD PÚBLICA: GENDARMERÍA DE CHILE SE INTEGRA A LAS FUERZAS DE ORDEN Y SEGURIDAD BAJO EL MANDO DEL NUEVO MINISTERIO

El Presidente José Antonio Kast promulgó la reforma constitucional que separa las funciones de custodia y reinserción. Mientras la seguridad penitenciaria y la inteligencia criminal pasan a depender del Ministerio de Seguridad, la reinserción social se mantendrá en Justicia. La medida incluye la disolución de asociaciones gremiales para homologar la institución a Carabineros y la PDI.

En una ceremonia cargada de simbolismo realizada en la Escuela de Formación Penitenciaria, el Presidente de la República, José Antonio Kast, junto a los ministros de Justicia, Fernando Rabat, y de Seguridad, Trinidad Steinert, promulgó este jueves la reforma constitucional que redefine el rol de Gendarmería de Chile. A partir de hoy, la institución abandona su dependencia tradicional de Justicia para integrarse formalmente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, quedando bajo la tutela del Ministerio de Seguridad.

Este cambio estructural busca no solo elevar el rango constitucional de la institución, sino también dotarla de los vínculos institucionales y recursos propios de una fuerza de orden, con el fin de enfrentar la crisis de seguridad y el avance del crimen organizado dentro de los penales.

Inteligencia penitenciaria como arma contra el crimen organizado

Uno de los puntos centrales de la reforma es el aprovechamiento de la información estratégica que maneja Gendarmería. El mandatario enfatizó que el combate a las mafias exige que las instituciones no operen como islas. «Gendarmería maneja inteligencia detallada sobre cómo operan las organizaciones más peligrosas de nuestro país. Esta información debe ser un insumo para que, junto a Carabineros y la PDI, se tomen decisiones trascendentes en seguridad», recalcó Kast.

Con este traspaso, el Gobierno busca establecer una cadena de mando y coordinación operativa que antes no existía, permitiendo que la vigilancia de las cárceles se integre plenamente a la estrategia de seguridad pública nacional.

Separación de funciones: Seguridad vs. Reinserción

La reforma introduce una división clara en las tareas que anteriormente coexistían en una sola repartición:

  • Custodia y Seguridad: Quedan radicadas en el Ministerio de Seguridad Pública, enfocándose exclusivamente en el control y vigilancia de los recintos.
  • Reinserción Social: Permanece bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encargándose de los programas de rehabilitación para adultos.

«No se trata de restar atribuciones, se trata de ordenar el Estado para que funcione con coherencia frente a una amenaza que exige precisamente eso: coherencia y decisión», sostuvo el Presidente, explicando que esta especialización permitirá que cada cartera se enfoque mejor en sus objetivos específicos.

Nuevas restricciones y régimen disciplinario

El nuevo estatus de Gendarmería trae consigo cambios profundos en el marco normativo de su personal, asimilándolos al régimen de las demás fuerzas armadas y de orden:

  • Asociaciones gremiales: Se establece una restricción al derecho de asociación, lo que implica la disolución de las actuales asociaciones de funcionarios.
  • Carrera funcionaria: La incorporación a las plantas solo podrá realizarse a través de las propias escuelas institucionales, salvo en escalafones profesionales civiles específicos.
  • Inhabilidades políticas: Quien ejerza como Director Nacional de Gendarmería tendrá una inhabilidad para postular al Congreso como diputado o senador.
  • Jerarquía: Los nombramientos, ascensos y retiros de oficiales se efectuarán ahora mediante decreto supremo, reforzando el control civil y presidencial sobre la institución.

El director de la institución, Rubén Pérez, valoró el reconocimiento, mientras el Ejecutivo aseguró que esta transformación busca «resaltar a una noble institución» que cumple una función crítica, pero muchas veces desconocida para la ciudadanía. La reforma se implementará de manera gradual, asegurando que la transición operativa no afecte la vigilancia actual de los recintos penales del país.

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