Un verdadero terremoto interno sacude a la gigante estatal Codelco, luego de que se confirmara que más de 6 mil operarios y ejecutivos de la minera deberán restituir parte de los incentivos económicos que recibieron. La polémica medida se adoptó formalmente tras quedar al descubierto un grave escándalo por cifras erróneas, donde la compañía reconoció de manera pública que durante el año 2025 se produjo mucho menos cobre del que se había reportado oficialmente en los balances institucionales.
La grave anomalía operativa ya provocó un fuerte remezón en la cuprífera, derivando en despidos inmediatos, severas sanciones y la apertura de una investigación penal por parte de la Fiscalía. Si bien desde la mesa directiva de la firma estatal indicaron que la variación de los números no obligará a modificar los estados financieros globales, sí confirmaron que se aplicarán estrictas correcciones en los incentivos variables que ya habían sido transferidos a las cuentas del personal.
MILLONARIO MONTO DE DEVOLUCIÓN Y DIVISIONES AFECTADAS
El impacto financiero del recálculo de los incentivos asociados a las metas productivas es de proporciones mayores. Respecto al alcance de la medida, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) de Codelco, Tamara Agnic, detalló que “la corrección de los volúmenes de producción reportados hace necesario recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores”. La alta ejecutiva profundizó en el impacto real precisando que “ese proceso involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos por un monto estimado de US$14,3 millones”, cifra que equivale en promedio a unos $2 millones de pesos a devolver por cada empleado.
Los miles de funcionarios que se verán obligados a reintegrar el dinero pertenecen de forma directa a las dotaciones de las divisiones de Chuquicamata, Ministro Hales y la Casa Matriz de la corporación.
Sobre el mecanismo que se utilizará para recuperar estos montos, la presidenta del CACE, Tamara Agnic, aclaró que “ese proceso debe realizarse con gradualidad y apego a derecho, considerando que se trata de personas que recibieron pagos calculados sobre la base de información corporativa que posteriormente fue corregida como resultado de la auditoría”.
