Mientras miles de estudiantes enfrentan la falta de condiciones mínimas en sus aulas, una falla en la ley de Educación Pública permite que directores suspendidos por mala gestión o falta de probidad sigan percibiendo remuneraciones de mercado. La oposición acusa una ‘falta total de gestión’ del Gobierno para cerrar sumarios que, en casos como el de Valparaíso, han significado un desembolso fiscal de casi 300 millones de pesos sin que el titular haya ejercido un solo día.
La oposición acudió a la Contraloría ante el escándalo de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Mientras la crisis educativa persiste, directivos suspendidos por mala gestión o probidad suman años recibiendo remuneraciones: el caso más extremo alcanza los $296 millones pagados a un director apartado de sus funciones.
Una grave crisis de gestión y un vacío legal en la Ley de Desmunicipalización tienen hoy al Ministerio de Educación bajo la lupa. Este viernes se confirmó la suspensión del director del SLEP de Licancabur, sumando así seis directores ejecutivos que, pese a estar suspendidos y bajo sumario de remoción por irregularidades, continúan recibiendo sus sueldos íntegros del Estado.
El «Récord» de Valparaíso y Atacama
La situación más crítica se registra en el SLEP de Valparaíso, donde el director Manuel Pérez Pastén cumple cuatro años apartado del cargo. En este periodo, y sin ejercer funciones, ha percibido un total de $296 millones en remuneraciones.
Un escenario similar vive el SLEP de Atacama, zona golpeada por constantes crisis educativas. Allí, el director suspendido Carlos Pérez Estay recibe cerca de $5 millones mensuales desde marzo de 2022, incluyendo bonos por desempeño.
Esta situación motivó a la diputada Sofía Cid (Ind-Republicanos) a oficiar a la Contraloría: «¿Quién responde por este descontrol? No permitiremos que estos procesos duerman en un cajón mientras se pagan sueldos millonarios con el dinero de todos los chilenos«, sentenció la parlamentaria.
Un «nudo legal» difícil de desatar
Desde la Dirección de Educación Pública (DEP) reconocen que la legislación de 2017 hace que destituir a estos directivos —elegidos por el Sistema de Alta Dirección Pública— sea un proceso extremadamente complejo. Los sumarios pasan por el Mineduc, Presidencia y Contraloría, lo que «eterniza» las investigaciones reservadas.
Actualmente, 8 de los 37 SLEP operativos en el país tienen sumarios contra sus directivos. El resultado es un sistema acéfalo, donde 10 servicios funcionan bajo subrogancias, muchas veces designadas por criterios políticos, mientras los titulares bajo sospecha siguen en la planilla de pagos:
- SLEP Colchagua: Director suspendido por posible malversación cobra $4,8 millones.
- SLEP Magallanes: Sueldo bruto de $7,7 millones pese a la crisis del servicio.
- SLEP Aconcagua: Directora suspendida con sueldo de $6 millones.
Nuevas denuncias en el norte
El último caso, en el SLEP Licancabur (Calama y alrededores), involucra a José Martínez Chiguay. Las denuncias que gatillaron su suspensión incluyen la presunta contratación de familiares de funcionarios y graves atrasos en los pagos del servicio, sumando un nuevo flanco de críticas al modelo de Educación Pública.
Radiografía de los sueldos en suspenso:
| SLEP | Director Suspendido | Sueldo/Total Percibido | Estado |
| Valparaíso | Manuel Pérez | $296.000.000 (Total) | 4 años suspendido |
| Magallanes | Mario García | $7.700.000 (Mensual) | Crisis del servicio |
| Aconcagua | C. Gloria Martínez | $6.000.000 (Mensual) | Etapa de instalación |
| Atacama | Carlos Pérez | $5.000.000 (Mensual) | Mala gestión |
