La Ley 21.799, publicada en el Diario Oficial, posterga hasta 2030 la plena entrada en vigencia de una exigencia clave para el ingreso a la educación superior y establece un período de transición con requisitos graduales para los procesos de admisión entre 2026 y 2029.
Mientras miles de estudiantes proyectan su futuro académico, una decisión silenciosa pero trascendental acaba de reordenar el tablero de la educación superior en Chile. Con su publicación en el Diario Oficial, el Estado oficializó una modificación clave al calendario de exigencias para ingresar a la universidad, aplazando hasta el año 2030 una de las condiciones más relevantes del sistema de aseguramiento de la calidad. Una medida que cambia reglas, baja presiones inmediatas y marca una hoja de ruta gradual para los próximos procesos de admisión.
Una ley que no suena, pero pesa
La Ley 21.799, promulgada y publicada este martes 30 de diciembre de 2025, introduce un ajuste estratégico a la normativa que regula el acceso a la educación superior. En simple: se retrasa la plena entrada en vigencia de un requisito académico clave, dando paso a un período de transición que se extenderá por cuatro años.
El cambio no es menor. Afecta directamente a quienes postulan a la universidad entre 2026 y 2029, redefiniendo los mínimos exigidos en las pruebas de acceso y estableciendo un aumento progresivo de los estándares, año a año.
¿Qué cambia concretamente para los estudiantes?
Hasta ahora, el sistema apuntaba a una exigencia uniforme. Con esta nueva ley, el camino será escalonado, permitiendo que los puntajes requeridos suban de forma gradual y predecible.
Así funcionará el nuevo esquema:
- Admisión 2026: se exigirá haber rendido la prueba de acceso y ubicarse desde el percentil 33 o superior, considerando los resultados del proceso anterior.
- Admisión 2027: el umbral subirá al percentil 37.
- Admisión 2028: la exigencia aumentará al percentil 42.
- Admisión 2029: el requisito alcanzará el percentil 47.
- Desde 2030 en adelante: comenzará a regir plenamente la condición definitiva establecida por la ley original.
En términos prácticos, no se elimina la exigencia, pero se aplaza su aplicación total, dando tiempo al sistema educativo para adaptarse.
Una transición con mensaje político y educativo
La decisión, respaldada por el Congreso Nacional y promulgada por el Presidente Gabriel Boric, refleja una señal clara: el fortalecimiento de la calidad no será abrupto ni excluyente, sino progresivo. Desde el Ejecutivo se ha insistido en que la medida busca evitar barreras inmediatas de acceso, especialmente para estudiantes provenientes de contextos más vulnerables.
La firma del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, confirma que el ajuste no solo tiene una dimensión pedagógica, sino también social y presupuestaria.
Impacto en universidades y sistema educativo
Para las instituciones de educación superior, el nuevo calendario implica readecuar criterios de admisión, proyectar cupos con mayor flexibilidad y preparar mecanismos de acompañamiento académico. Para los liceos y colegios, en tanto, abre un margen para reforzar trayectorias educativas sin el peso inmediato de un corte más exigente.
Expertos coinciden en que esta transición reduce el riesgo de exclusión temprana, pero también instala un desafío: aprovechar estos años para mejorar efectivamente la preparación de los futuros postulantes.
Una ley publicada en silencio, pero con efectos duraderos
Aunque pasó sin grandes titulares, la Ley 21.799 marcará a toda una generación de estudiantes. No cambia el destino final, pero sí el ritmo del viaje. La meta sigue siendo elevar los estándares de acceso a la universidad; el camino, ahora, será más gradual.
En educación, a veces los cambios más profundos no hacen ruido inmediato.
Pero terminan definiendo el futuro.
