Con operativos de choque que movilizan a unidades especializadas y el diseño de asignaciones salariales para zonas críticas, La Moneda busca frenar al crimen organizado en los barrios más complejos del territorio.
La Moneda decidió mover sus piezas frente a la crisis de seguridad pública y puso en marcha un plan que combina presencia de fuerza en la calle con mejoras al bolsillo de los uniformados.
La nueva estrategia gubernamental comenzó a aplicarse desde la semana pasada y apunta directamente a golpear el delito mediante operativos policiales de alto impacto. No se trata de un anuncio de escritorio: la medida busca aumentar de forma inmediata la fiscalización y la prevención en los puntos más críticos del territorio nacional.
Para que las recientes intervenciones no se queden solo en buenas intenciones, el plan rompe con el esquema del patrullaje de rutina. Los operativos están movilizando con fuerza a diversas unidades especializadas de Carabineros, sumando su capacidad operativa a las patrullas comunales. El objetivo de este despliegue masivo es mantener una postura activa y disuasiva frente al crimen organizado, recuperando terreno en los barrios residenciales donde la delincuencia ha ganado espacio.
Más sueldo para quienes entren a las zonas más complejas
La mayor exigencia en terreno vendrá acompañada de un reconocimiento financiero, un área históricamente demandada por las bases de la institución. Paralelamente a los despliegues de seguridad, el Ejecutivo ya trabaja en una propuesta concreta para mejorar las condiciones salariales del personal de Carabineros. La idea es que el riesgo y la especialidad se paguen de forma diferenciada, incentivando la permanencia del personal en las tareas de control de orden público.
Fuentes del palacio de gobierno sostienen que los ministerios a cargo analizan la implementación de nuevas gratificaciones económicas y asignaciones especiales. ¿El foco principal? Estos beneficios monetarios aumentarán directamente la remuneración de aquellos Carabineros destinados a comunas con alta complejidad delictual. Con esto, el gobierno pretende no solo compensar el esfuerzo de los uniformados en sectores vulnerables, sino también asegurar que los policías con mayor experiencia y preparación operativa estén disponibles en las zonas donde las papas queman.
