El Gobierno presentó una reforma al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) que incluye la creación de un nuevo «Consejo de los Patrimonios Culturales» con 30 representantes, un aumento de 7 miembros en comparación con el actual consejo. Además, se asignan 101 nuevos funcionarios y 71 traspasos con incremento de grado para fortalecer al Servicio Nacional del Patrimonio.
La reforma busca acotar las atribuciones del CMN y delegar la aprobación de permisos en el Servicio Nacional del Patrimonio, con el objetivo de destrabar uno de los principales cuellos de botella de la «permisología». Sin embargo, la estructura institucional planteada no convenció durante el primer examen en el Senado.
La reforma implica un mayor gasto fiscal en régimen de $4.905 millones anuales, lo que equivale a casi el 90% del costo total del proyecto. El objetivo es fortalecer la gestión del patrimonio cultural y mejorar la eficiencia en la aprobación de permisos.
