El Gobierno de Chile confirmó que la próxima semana ingresará al Congreso Nacional una reforma constitucional que busca otorgar al Presidente de la República la facultad de desplegar a las Fuerzas Armadas en la frontera mediante decreto supremo, sin requerir una autorización periódica del Parlamento.
El anuncio fue realizado en Roma, Italia, por la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, quien acompaña al Presidente Gabriel Boric en su visita oficial a Europa. La iniciativa representa un cambio relevante en materia de seguridad y control migratorio, al permitir que los militares actúen de manera continua en zonas fronterizas, particularmente en el norte del país.
Según explicó Lobos, el Ejecutivo pretende “materializar el ingreso del proyecto apenas regrese a Chile”, dando cumplimiento al compromiso hecho por Boric durante su reciente visita a Colchane, donde afirmó que las Fuerzas Armadas podrán colaborar con la PDI, realizar controles de identidad, efectuar detenciones en flagrancia y prevenir delitos asociados al ingreso irregular.
Actualmente, la normativa exige la aprobación del Congreso cada 90 días para mantener los despliegues militares. Con la nueva propuesta, el Ejecutivo busca dar mayor estabilidad y rapidez a la gestión fronteriza, considerando la persistencia de la crisis migratoria y la necesidad de reforzar la seguridad en pasos no habilitados.
REACCIONES POLÍTICAS Y DEBATE INTERNO
La propuesta del Gobierno ha generado un intenso debate tanto en el Congreso como al interior del oficialismo. Desde sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista (PC) se habían manifestado reparos por el posible desequilibrio de poderes que implicaría entregar al Presidente la atribución exclusiva de ordenar el despliegue militar.
Sin embargo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que esas inquietudes “se fueron aclarando” en una reunión del comité político ampliado en La Moneda. “No hay nada que el diálogo y la buena comunicación no puedan resolver. Esta reforma no excluye al Parlamento; por el contrario, su aprobación depende del Congreso, y además contempla mecanismos para poner término al despliegue si así se estima necesario”, enfatizó.
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, valoró las precisiones entregadas por el Ejecutivo, aunque subrayó la importancia de mantener el control entre poderes del Estado: “Queremos revisar este proyecto, creemos que es necesario, pero el equilibrio institucional no puede perderse. Es fundamental que el Congreso conserve su rol fiscalizador”.
Desde el PC, su timonel Lautaro Carmona expresó conformidad con las aclaraciones gubernamentales, señalando que “no habrá ampliación de misiones ni nuevas facultades para las Fuerzas Armadas, más allá de las actuales”. Según dijo, el partido espera revisar el texto definitivo antes de fijar una postura, pero se inclina por respaldar la propuesta.
ADVERTENCIAS DE EXPERTOS
El proyecto también ha despertado alertas en el ámbito académico y de defensa. El exsubsecretario de Defensa y analista político Gabriel Gaspar advirtió que la medida podría extender indebidamente las funciones de las Fuerzas Armadas hacia áreas de seguridad pública.
Gaspar sostuvo que antes de hacer permanente la presencia militar, se debería fortalecer la división especializada de Carabineros dedicada al control fronterizo, la cual cuenta con más de mil efectivos en funciones. “Desplegar indefinidamente a las Fuerzas Armadas implica asignarles una misión que no corresponde a su naturaleza. Se deben mantener los contrapesos y la fiscalización democrática en este tipo de decisiones”, afirmó.
El experto recordó que la actual situación proviene de “un error conceptual” cuando se otorgó a las fronteras el carácter de infraestructura crítica, lo que habilitó la participación militar en el control migratorio. “Más allá de la coyuntura, es esencial que existan frenos y contrapesos entre poderes del Estado, para evitar concentrar decisiones de seguridad interior solo en el Ejecutivo”, concluyó.
UN DEBATE CLAVE PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA
Mientras el Gobierno busca consolidar un marco legal más estable para la protección de las fronteras, el debate parlamentario anticipa una discusión compleja que combinará consideraciones de seguridad, institucionalidad y equilibrio democrático.
El éxito de la reforma dependerá de las negociaciones que el Ejecutivo logre con las distintas bancadas, en un escenario político donde el control migratorio sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas y un desafío para el Estado chileno.
