El recorte de $46 mil millones —que se suma a ajustes previos realizados este año— implica una disminución transversal del gasto en la cartera de Justicia, afectando funciones vinculadas al sistema penitenciario, peritajes forenses y políticas de memoria y reparación.
Un ajuste presupuestario de gran magnitud fue confirmado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, luego que el Gobierno concretara una reducción de aproximadamente $46 mil millones en la cartera, en el marco del plan de contención del gasto público instruido por el Ministerio de Hacienda.
La decisión —que responde a un recorte transversal cercano al 3% aplicado a los ministerios— afecta directamente a servicios estratégicos como Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal (SML) y la Subsecretaría de Derechos Humanos, en un escenario marcado por presiones fiscales y reordenamiento de prioridades estatales.
Un ajuste en medio de la estrechez fiscal
El recorte forma parte de una política económica orientada a enfrentar el déficit estructural que arrastra el país desde hace más de una década, obligando a las distintas reparticiones a rediseñar su ejecución presupuestaria bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia.
Desde la cartera de Justicia señalaron que la reducción fue aplicada “resguardando la continuidad y la debida prestación de los servicios esenciales”, especialmente aquellos vinculados a la atención directa de la ciudadanía.
“El ajuste se realizó priorizando funciones críticas y evitando afectar prestaciones esenciales”, indicaron desde el ministerio en un comunicado oficial.
Este recorte, además, no es aislado: se suma a una disminución previa de $10 mil millones aplicada en enero de 2026, en el contexto de la emergencia económica.
Gendarmería concentra el mayor impacto
El servicio más afectado en términos absolutos es Gendarmería de Chile, que deberá absorber una reducción cercana a los $17 mil millones de su presupuesto anual, el más alto dentro de la cartera.
No obstante, debido a su volumen presupuestario —que supera los $690 mil millones—, el ajuste representa cerca de un 2,4% de sus recursos totales, siendo proporcionalmente menor en comparación con otras reparticiones.
El organismo cumple un rol central en el sistema penitenciario, incluyendo la custodia de personas privadas de libertad, la ejecución de penas y la implementación de programas de reinserción social, bajo estándares de derechos humanos.
SML y Derechos Humanos también bajo presión
El Servicio Médico Legal también se ve alcanzado por la medida, con un recorte estimado en $1.640 millones, equivalente igualmente a cerca del 2,4% de su presupuesto.
Aunque menor en cifras absolutas, el ajuste genera preocupación debido al rol clave del SML en procesos judiciales, peritajes forenses y atención a víctimas.
En paralelo, la Subsecretaría de Derechos Humanos enfrenta reducciones que han abierto un flanco político y técnico. Documentos emanados desde Hacienda incluso sugirieron la eventual eliminación o reformulación de programas emblemáticos, como el Programa de Derechos Humanos, encargado de ejecutar políticas de memoria, verdad y reparación.
“El escenario de estrechez fiscal exige un cambio de paradigma”, se indicó en lineamientos internos del Ejecutivo sobre el ajuste del gasto público.
Controversia política y debate por prioridades
El recorte ha generado tensión tanto en el oficialismo como en la oposición, especialmente por el impacto potencial en áreas sensibles como seguridad, justicia y derechos fundamentales.
Parlamentarios y actores institucionales han advertido que la reducción de recursos podría afectar la operatividad de programas de reinserción, asistencia judicial y políticas de derechos humanos, particularmente en contextos de alta demanda social.
Asimismo, se ha cuestionado la posibilidad de discontinuar iniciativas clave, lo que ha sido parcialmente descartado por autoridades de Justicia, quienes han reiterado el compromiso de mantener programas mandatados por ley.
Reconfiguración del gasto público
El ajuste en Justicia se inscribe en una estrategia más amplia del Ejecutivo que busca redefinir el uso de los recursos públicos, priorizando áreas consideradas críticas y revisando programas existentes.
Este proceso implica no solo recortes, sino también evaluaciones de eficiencia, rediseño institucional y eventuales reasignaciones presupuestarias en el mediano plazo (2027-2031).
En ese contexto, el desafío del Gobierno será equilibrar la disciplina fiscal con la continuidad de servicios clave para el funcionamiento del sistema judicial, penitenciario y de protección de derechos.
