Ante la honda preocupación que despertó el decreto 208 en la Provincia del Tamarugal, el cual exige millonarios seguros de responsabilidad civil para eventos masivos, el Ejecutivo aclaró que las festividades religiosas se rigen por una norma excepcional vigente desde 1983. Con esto, se despeja el camino para la llegada de más de 300 mil fieles a Pozo Almonte.
Un manto de total tranquilidad y certeza institucional retornó a las comunidades de la Región de Tarapacá. Tras intensos días de profunda incertidumbre local, el Gobierno de Chile confirmó de manera oficial que la emblemática Fiesta de La Tirana podrá llevarse a cabo “sin ningún tipo de dificultades” durante el próximo mes de julio, disipando los temores ciudadanos que apuntaban a una eventual suspensión o severa restricción de la milenaria festividad a causa de las nuevas y estrictas exigencias de la Ley de Seguridad Privada y Eventos Masivos.
La celebración en honor a la Virgen del Carmen, que año a año congrega a una masa flotante cercana a los 300 mil visitantes y promeseros en pleno corazón del Tamarugal, se vio salpicada por el debate técnico debido a la entrada en vigencia del decreto 208. Esta normativa de control público estipula de forma taxativa que cualquier evento o espectáculo que supere el aforo de 3.000 asistentes en simultáneo debe contar obligatoriamente con la contratación de seguros de responsabilidad civil o, en su defecto, con la presentación de cuantiosas garantías económicas destinadas a costear eventuales daños físicos o materiales a terceros.
La alerta del Gobierno Regional y el llamado a la Subsecretaría
Dichas exigencias financieras y burocráticas encendieron de inmediato las alarmas en el norte grande, considerando que la fiesta es articulada de manera comunitaria por cofradías, bailes religiosos y el propio Obispado de Iquique, entidades sin fines de lucro imposibilitadas de absorber ese nivel de costeo corporativo.
La preocupación escaló hasta las esferas oficiales cuando el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, reconoció públicamente en televisión abierta el estado de «incertidumbre» que asolaba a la zona. En la instancia, la máxima autoridad regional hizo un urgente llamado a la Subsecretaría de Prevención del Delito para facilitar autorizaciones de carácter excepcional, argumentando que los planes operativos y preventivos ya se encuentran exhaustivamente coordinados con Carabineros de Chile y la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte.
El resguardo en un decreto de 1983: Tradición por sobre la burocracia
Frente a este complejo panorama que amenazaba con paralizar una tradición con más de un siglo de historia viva, el Ejecutivo central salió al paso de las dudas a través de una vocería unificada. El biministro de Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, fue el encargado de sepultar los temores técnicos al aclarar el marco jurídico aplicable para estos ritos patrimoniales.
“Todas estas fiestas religiosas se pueden realizar sin ningún tipo de dificultades tal cual se ha hecho históricamente, porque la norma que la rige es un decreto del Ministerio del Interior que data del año 1983”, sentenció de forma categórica el secretario de Estado.
Con esta precisión del biministro Alvarado, queda ratificado que todas las conmemoraciones de fe que se desarrollan año a año a lo largo del territorio nacional quedan exentas de las trabas de la nueva legislación de espectáculos, resguardando su naturaleza de encuentro popular y de libre culto. De esta manera, los preparativos para el despliegue de los más de 200 bailes religiosos que darán vida a los festejos entre el 10 y el 20 de julio entran en su recta final, garantizando que el Oasis del Tamarugal vuelva a convertirse en el epicentro de la identidad, la cultura y la fe del norte chileno.
