José Miguel Carvajal reveló que los millonarios recursos regionales están aprobados desde el año 2023 para la compra de dos camiones de alta tecnología, pero la falta de licitación mantiene desprotegidas las fronteras. El emplazamiento surge tras el escandaloso informe de Contraloría sobre fallas en el Aeropuerto de Iquique.
Una profunda indignación y preocupación por la vulnerabilidad de las fronteras del norte del país manifestó el Gobernador Regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal. La máxima autoridad regional arremetió de forma directa contra la gestión del Servicio Nacional de Aduanas, acusando «retrasos reiterados» e ineficiencia administrativa para adquirir camiones escáner, una tecnología que resulta crítica para combatir el ingreso y tránsito de sustancias ilícitas por parte de bandas del crimen organizado.
El duro emplazamiento de la autoridad de Tarapacá no es casualidad. Se da a conocer inmediatamente después de que un demoledor informe de la Contraloría General de la República (CGR) revelara graves brechas de seguridad y una alarmante falta de fiscalización en el Aeropuerto Internacional Diego Aracena de Iquique. El ente fiscalizador sacó a la luz pública un operativo ocurrido el 11 de octubre de 2025, donde un millonario cargamento de 12,5 kilos de droga permaneció por más de siete horas sin ningún tipo de resguardo policial en el terminal aéreo, sumado a que Aduanas no registró el hallazgo en sus bitácoras oficiales, quebrando por completo la cadena de trazabilidad del procedimiento.
Recursos durmiendo en las arcas fiscales desde 2023
En una reveladora entrevista concedida a Radio Cooperativa, el gobernador Carvajal destapó una realidad administrativa insostenible frente a la crisis de seguridad pública que golpea a la Macrozona Norte. La autoridad regional detalló que el Gobierno Regional (Gore) de Tarapacá aprobó una suma superior a los 5.800 millones de pesos destinados exclusivamente a que Aduanas comprara dos camiones escáner de última generación, fondos que se encuentran totalmente disponibles desde el año 2023 pero que inexplicablemente no han sido utilizados.
«Es una importante cantidad de recursos porque entendemos la tecnología y la necesidad de que pudiesen disponer los funcionarios de Aduanas de estos equipos, precisamente para garantizar las situaciones de seguridad y las facilidades del comercio internacional que tiene nuestra región», fustigó con severidad Carvajal, evidenciando el contraste entre la disposición del Gore y la lentitud del servicio aduanero.
Para el jefe regional, el hecho de que estos millonarios recursos lleven casi tres años paralizados representa un freno directo a los esfuerzos locales por blindar los puertos, pasos fronterizos y carreteras de Tarapacá. «Hemos intentado que esto ocurra, pero hemos tenido una serie de retrasos por parte de Aduanas, que ha sido reiterado, incluso este mismo año. Necesitamos que realicen las labores licitatorias correspondientes para poder contar con estos equipos», reprochó la autoridad.
La urgencia de la tecnología ante el avance del narcotráfico
La molestia del Gore de Tarapacá radica en que los camiones escáner no solo optimizan los tiempos del transporte de carga legal, sino que constituyen la principal herramienta no invasiva para detectar cargamentos ocultos de armas, contrabando y drogas de alta pureza. En una región que cuenta con el Puerto de Iquique, la Zona Franca (Zofri) y una extensa frontera terrestre, la ausencia de estos equipos tecnológicos de punta deja una «ventana abierta» para las operaciones de carteles transnacionales.
Tras los hallazgos de la Contraloría en el principal recinto aéreo de la región, la presión política sobre la dirección nacional de Aduanas ha escalado de forma vertiginosa. Parlamentarios y autoridades locales coinciden con el gobernador Carvajal en que la falta de gestión para levantar los procesos de licitación pública resulta inaceptable en el actual contexto de emergencia delictual. Mientras el Gore de Tarapacá exige explicaciones inmediatas y plazos concretos para la ejecución de los $5.800 millones, la ciudadanía del norte del país asiste con inquietud a una preocupante paradoja: los dineros para combatir al narcotráfico están asegurados en el papel, pero la burocracia estatal impide que operen en las calles de la región.
