
Diego Paco abrirá una ronda de reuniones con parlamentarios, policías y el Ministerio de Seguridad Pública para frenar el negocio transfronterizo. La ofensiva surge luego de que el delegado de Parinacota advirtiera que los mismos conductores detenidos en el altiplano vuelven a caer una y otra vez tras quedar en libertad.
Las bandas dedicadas al robo de autos en el extremo norte operan como una cadena aceitada, pero las sanciones actuales no logran sacar de circulación a quienes cruzan los vehículos hacia el país vecino. Frente a ese escenario, el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco Mamani, anunció una ofensiva ante el Gobierno y el Congreso para impulsar una reforma legal que aumente las penas contra las redes que trasladan autos robados hacia Bolivia.
Aunque redactar o modificar leyes escapa de las atribuciones directas del Gobierno Regional, la autoridad buscará armar una propuesta técnica sólida para que el Ejecutivo la patrocine y la tramite con urgencia.
El vacío legal de la puerta giratoria en la frontera
La dinámica del delito se repite casi a diario en los caminos altiplánicos. Un sujeto sustrae un vehículo en las calles de Arica, otro lo acopia y un tercero toma el volante para sacarlo por pasos no habilitados rumbo a territorio boliviano.
Muchas veces, Carabineros logra interceptar la carga, recupera el automóvil y esposa al chofer. El problema ocurre después en tribunales: quienes trasladan los vehículos suelen ser formalizados solo por receptación, lo que en varios casos les permite enfrentar la investigación en libertad y volver a operar a los pocos días.
«Aquí hay un negocio criminal que funciona en cadena. Uno roba el auto, otro lo recibe y otro intenta sacarlo del país. Todos cumplen un papel para que ese vehículo termine en Bolivia. No podemos seguir tratando a quienes participan en estas organizaciones como si fueran simples conductores», recalcó el gobernador Diego Paco.
Más de mil familias golpeadas en un año
El impacto de este mercado ilícito se siente con fuerza en el bolsillo y la tranquilidad de la comunidad. Durante todo el año 2025, en Arica y Parinacota se registraron 1.137 vehículos robados, una cifra que golpea directamente a trabajadores, emprendedores y familias que ven desaparecer su herramienta de sustento o el ahorro de años en cuestión de minutos.
«No basta con recuperar los autos. Tenemos que desarticular las bandas. Las familias de Arica están pagando las consecuencias de un negocio criminal que se aprovecha de nuestra condición fronteriza», enfatizó Paco al justificar la necesidad de elevar el estándar punitivo en el norte del país.
La alerta desde Parinacota: «Nos encontramos con los mismos personajes»
La propuesta legislativa recoge la alarma encendida por el delegado presidencial provincial de Parinacota, Sebastián Huerta, quien conoce de primera mano el desgaste operativo que enfrentan las fuerzas policiales y militares en la altura.
«Me ha tocado estar en la frontera de madrugada, junto a Carabineros y el Ejército, viendo cómo trabajan para impedir que los delincuentes saquen vehículos robados del país. Y también me ha tocado encontrarme más de una vez con los mismos personajes. Eso es lo indignante», relató Huerta.
El delegado fue tajante al señalar que quien conduce un vehículo sustraído hacia la frontera, sabiendo su origen ilícito, no está haciendo un simple favor, sino que es pieza activa de una estructura delictual. Para la autoridad provincial, resulta insostenible que los policías arriesguen su integridad en operativos nocturnos mientras los mismos imputados regresan a la ruta.
Agenda de reuniones y búsqueda de prisión preventiva
Para transformar este diagnóstico en un proyecto de ley concreto, el gobernador activará una mesa de trabajo con actores locales y nacionales. La agenda contempla encuentros directos con:
- Parlamentarios de la región, para asegurar respaldo transversal en el Congreso.
- Ministerio Público, con el fin de ajustar las herramientas que permitan decretar prisión preventiva contra estos imputados.
- Carabineros y la PDI, para sumar la evidencia operativa recogida en la zona fronteriza.
- Ministerio de Seguridad Pública, buscando el patrocinio oficial del Gobierno para acelerar la tramitación.
Con este paquete de medidas, las autoridades buscan cerrar el paso legal a los llamados «burreros» de vehículos y golpear la rentabilidad de un negocio ilícito que mantiene en alerta a toda la macrozona norte.




