El tribunal de alzada acogió la apelación del Consejo de Defensa del Estado y echó abajo la resolución del Juzgado de Garantía que ordenaba el retorno a Alto Hospicio de los cuatro líderes de la mafia china.
La Corte de Apelaciones de Iquique dio un vuelco decisivo en la pugna por el internamiento de los cabecillas de la mafia china imputados en la causa conocida como «Clan Chen». El tribunal de alzada acogió la apelación interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que actuó en representación de Gendarmería de Chile, y revocó la resolución del pasado 24 de agosto dictada por el Juzgado de Garantía de Iquique.
Con este pronunciamiento, la justicia dejó sin efecto el dictamen de primera instancia que obligaba al retorno de los cuatro reclusos al recinto penitenciario de Alto Hospicio. Ahora, los imputados deberán permanecer en el penal que determine Gendarmería de Chile, restituyendo la facultad técnica e institucional del organismo para definir el lugar de cumplimiento de la prisión preventiva.
Lavado de activos por más de 180 millones de dólares
El caso involucra a Longdi Chen, Wu Chen, Wen Chen y Zilang Chen, cuatro presuntos líderes de una estructura criminal desarticulada en la Región de Tarapacá durante la llamada Operación Cancerbero. La Fiscalía formalizó al grupo por asociación ilícita y lavado de activos, acusándolos de blanquear más de 180 millones de dólares mediante un entramado de estafas transnacionales.
La pugna por su internamiento comenzó cuando el Juzgado de Garantía acogió la postura de la defensa —encabezada por el abogado Jorge Castilla—, argumentando que el informe técnico presentaba deficiencias e interrumpió el traslado que los había llevado hasta el penal La Laguna, en Talca. La resolución previa ordenaba devolverlos al recinto de Alto Hospicio, medida que fue frenada tras el recurso presentado por los abogados del CDE.
Gendarmería recupera la decisión sobre la población penal
La apelación acogida por la Corte restablece la autonomía de Gendarmería en materia de gestión y distribución de internos de alta peligrosidad. Desde el Ministerio de Justicia y la propia institución penitenciaria sostuvieron durante el proceso que las políticas de segregación y seguridad corresponden de forma exclusiva a las facultades de Gendarmería.
Con la decisión firme del tribunal de alzada, la autoridad penitenciaria definirá en qué penal del país continuará cumpliendo la cautelar el grupo de imputados, mientras la causa principal se mantiene bajo reserva y avanza en su fase investigativa.
